Casación define quién investiga a la AFA por la mansión de Pilar y lavado de dinero
La Cámara de Casación Penal se encuentra en la recta final para determinar qué juzgado federal asumirá la investigación sobre la millonaria mansión de Pilar, atribuida a autoridades de la AFA, y, por extensión, todas las causas vinculadas a la asociación deportiva. La decisión, que se espera en los próximos cinco días hábiles, es crucial para el avance de una compleja investigación por presunto lavado de dinero y desvío de fondos.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, dictaminó que la competencia recaiga en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se inició el caso. Como alternativa, Villar propuso el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente a cargo de Verónica Straccia. Esta postura contrasta con la de la defensa de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes figuran como dueños de la sociedad real Central, titular de la quinta valuada en 20 millones de dólares. Ellos buscan que la causa permanezca en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Ambas posiciones fueron presentadas ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes ahora tienen la potestad de resolver la cuestión de competencia. Esta definición arrastra al resto de las causas contra la AFA, con la única excepción de un expediente por evasión y apropiación de aportes patronales que tramita en la Justicia en lo Penal Económico y se encuentra más avanzado.
Argumentos encontrados sobre la competencia
La disputa por la competencia judicial se centra en interpretaciones divergentes sobre el lugar de origen del presunto delito. La Cámara Federal de San Martín había asignado previamente la causa a González Charvay, argumentando la jurisdicción territorial del juzgado de Campana sobre el predio de la mansión en Pilar. Sin embargo, la fiscalía sostiene que el supuesto lavado de dinero se habría gestado desde la sede de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires, al menos al momento de los hechos, y que la quinta es solo una parte de ese entramado delictivo.
El fiscal Mario Villar fue contundente al señalar irregularidades en la actuación del juzgado de Campana. Según Villar, el caso en ese juzgado se inició sin denuncia previa, prevención policial ni requerimiento fiscal. Además, criticó que el juez González Charvay habilitara la feria judicial para dar curso al pedido sin solicitar una certificación completa de la causa original, lo que impidió conocer los delitos exactos que se investigaban.
“No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”
Villar también recordó que, en 2021 y 2022, el mismo juez González Charvay se había declarado incompetente en una denuncia idéntica por lavado de activos contra Claudio Tapia y la compra de propiedades en la misma jurisdicción bonaerense, argumentando que la AFA tenía su sede en Viamonte y que los delitos se habían gestado en la Ciudad de Buenos Aires. “Ahora, en estas actuaciones, decide lo exactamente opuesto”, sentenció el fiscal.
La trama de desvío de fondos de la AFA
La investigación del fiscal Villar detalla una presunta red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre 2021 y 2025. Esta red habría canalizado fondos de la AFA fuera del circuito bancario argentino, utilizando un complejo esquema financiero. Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregulares, como comisiones del 30%, se habrían desviado y ocultado del patrimonio de la AFA importantes sumas de dinero. Para ello, se valieron de empresas constituidas en el exterior, algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias offshore, con la supuesta participación o aquiescencia de dirigentes de la AFA.
Los ingresos de la AFA bajo sospecha se vinculan con el pago de derechos comerciales, auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol y derechos de transmisión de los partidos, entre otros. Los investigadores sospechan que estos fondos habrían ingresado a cuentas bancarias en el extranjero de diversas empresas intermediarias como Torneos y Competencia SA, Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC. Luego, los fondos habrían sido desviados ilícitamente a sociedades constituidas en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.
Entre los investigados figuran Claudio Tapia, presidente de la AFA; Pablo Ariel Toviggino, tesorero; Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero y vinculado a Soma SRL); Juan Pablo Beacon, de la dirección ejecutiva; María Florencia Sartirana, actual pareja de Pablo Toviggino y extesorera; Leandro Petersen, jefe de marketing; y Marcelo Fabián Ramón Saracco, primer operador financiero de los fondos de la AFA. También se mencionan a Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni, vinculados a TourProdEnter LLC.
La fiscalía señala que muchas de estas sociedades destinatarias de los fondos de la AFA, constituidas en EE.UU., presuntamente carecen de actividad real, empleados y oficinas, y habrían sido utilizadas como vehículos de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero. Incluso, se detectaron empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la AFA, como Carbello SRL, M&H Horses Services y Equestrian, que habrían recibido fondos de la asociación.
