Buscan eliminar retenciones en 36 meses y blindar decisión en el Congreso
Un nuevo proyecto de ley busca eliminar los derechos de exportación, conocidos como retenciones, de manera gradual en un plazo de 36 meses. La iniciativa, presentada por el diputado nacional del PRO y presidente de la Comisión de Agricultura, Martín Ardohain, también establece que cualquier futuro aumento de estas alícuotas deberá ser decidido exclusivamente por el Congreso de la Nación, quitándole esa potestad al Poder Ejecutivo.
La propuesta representa un paso significativo en la discusión sobre la política tributaria del sector agropecuario, históricamente marcada por la volatilidad y la discrecionalidad en la fijación de las retenciones. Al requerir la aprobación legislativa para cualquier modificación, el proyecto busca brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los productores y exportadores, un reclamo constante de las entidades del campo.
Cronograma para la soja y el objetivo de la iniciativa
El esquema de supresión de los derechos de exportación delineado en el proyecto contempla un cronograma específico para el complejo sojero. Para este sector, se propone una reducción del 0,5% mensual sobre las alícuotas actuales. Esta modalidad gradual busca amortiguar el impacto fiscal de la medida y permitir una adaptación progresiva de las cuentas públicas, mientras se desgrava uno de los principales motores de la economía exportadora argentina.
La eliminación paulatina de las retenciones es una demanda histórica de gran parte del sector agroindustrial, que argumenta que estos impuestos restan competitividad a las exportaciones, desalientan la inversión y limitan el desarrollo de las economías regionales. El proyecto de Ardohain se alinea con estas posturas, buscando generar un marco más propicio para la producción y el comercio exterior del país.
El rol del Congreso y el debate político
Uno de los puntos centrales y más relevantes del proyecto es la intención de trasladar la potestad de aumentar los derechos de exportación de manera exclusiva al Poder Legislativo. Actualmente, el Poder Ejecutivo ha tenido la facultad de modificar estas alícuotas, lo que ha generado tensiones y enfrentamientos con el sector agropecuario y con la oposición política en diversas ocasiones. Al requerir la aprobación del Congreso, se busca institucionalizar el debate y la decisión sobre una herramienta fiscal de alto impacto, otorgándole un carácter más democrático y consensuado.
La presentación de esta iniciativa en la Cámara de Diputados abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el régimen de retenciones en Argentina. Se espera que el proyecto genere un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas y los actores del sector productivo, quienes deberán evaluar tanto los beneficios para la competitividad como las implicancias fiscales de una medida de esta envergadura.
