Avanza el decomiso de bienes de Cristina Kirchner: incluye propiedades de sus hijos

El proceso de decomiso de bienes vinculados a la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad cobra un nuevo impulso judicial. Tras la confirmación de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal oral a cargo de la sentencia ha instado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a avanzar con la ejecución del recupero de 685.000 millones de pesos.

El objetivo principal es determinar si alguno de los 111 inmuebles identificados en esta etapa inicial es de interés para la propia Corte o para el Consejo de la Magistratura. La comunicación, dirigida a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema, a cargo de Sergio Romero, busca definir si estos activos pueden ser utilizados para el mejor servicio de justicia, como habilitar tribunales u oficinas judiciales.

Casación rechazó apelaciones y habilitó el decomiso

El juez Rodrigo Giménez Uriburu informó que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por Cristina Kirchner, quien se oponía al avance sobre sus bienes. Asimismo, fueron desestimadas las presentaciones de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes buscaban evitar el decomiso de propiedades que les fueron entregadas por sus padres como adelanto de herencia.

Esta decisión de Casación, con los votos de los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, y la disidencia de Mariano Borinsky, avala la ejecución del decomiso. El juez Hornos enfatizó que esta medida no se agota en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la “efectiva recuperación de los activos provenientes del delito”. La resolución permite avanzar sobre bienes de los condenados y de terceros que hubieran recibido el producto del ilícito, incluso por vía hereditaria.

El alcance del patrimonio a decomisar

De los 111 inmuebles que integran esta primera etapa del decomiso, la mayor parte, 84 propiedades, pertenecen al empresario Lázaro Báez, señalado como el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, suman 19 propiedades, incluyendo el complejo Hotel Los Sauces. Cristina Kirchner posee un único terreno de más de 6000 metros cuadrados en El Calafate, adquirido en 2007.

La Justicia ya había sugerido que, dado que la provincia de Santa Cruz es la principal damnificada por la causa Vialidad, se la considere al definir el destino de los bienes. La Acordada 22 de 2025 establece que la Corte administra los bienes decomisados y debe determinar su posible uso por el Poder Judicial antes de disponer su remate.

Las defensas intentaron limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin una “trazabilidad directa” con el delito. La expresidenta, en particular, buscó proteger dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, además de terrenos en Lago Argentino, todas propiedades cedidas a sus hijos. Sin embargo, los jueces Hornos y Barroetaveña, en línea con el fiscal Mario Villar, rechazaron estos planteos, argumentando que en delitos de corrupción complejos no se exige una “trazabilidad lineal” del dinero ilícito, sino una “vinculación económica razonable”. Destacaron que el decomiso no es una pena contra Máximo y Florencia Kirchner, sino una medida “restaurativa del patrimonio estatal”.

Si los bienes identificados resultan insuficientes para cubrir el monto total, la Justicia avanzará contra el patrimonio de otros condenados, como el exsecretario de Obras Públicas, José López, y los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

Próximos pasos y posibles apelaciones

Aunque la Cámara de Casación avaló la ejecución, Cristina Kirchner aún cuenta con la posibilidad de interponer un recurso de queja ante la propia Corte Suprema de Justicia. La doctrina establece que las sentencias son ejecutables cuando se rechaza el recurso extraordinario, lo que habilitaría el remate de los bienes. Si bien el nuevo Código Procesal Penal indica que la sentencia queda firme al rechazo del último recurso por la Corte, en este caso, un decomiso no se considera una sentencia definitiva.

El plazo para que los condenados respondieran de forma solidaria por el monto actualizado venció en agosto del año pasado, pero las apelaciones habían mantenido el decomiso en suspenso hasta esta reciente resolución que ordena su ejecución.