Financiamiento universitario: la Corte Suprema definirá la cautelar
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó un recurso extraordinario federal presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, elevando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la definición sobre la medida cautelar que exige al Gobierno cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esta decisión se produce a casi 200 días del incumplimiento de la norma, que establece la recomposición de salarios y becas universitarias.
La resolución de la Cámara, firmada este jueves 7 de mayo, no resuelve el conflicto de fondo, pero concede al Gobierno un plazo adicional para evitar la transferencia de fondos reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Mientras la Corte evalúa el recurso, el Estado Nacional no estará obligado a girar los montos necesarios para recomponer el 50% de los sueldos de docentes y no docentes universitarios, ni para actualizar las becas estudiantiles a los valores de 2023.
El camino judicial y sus implicancias
La misma Cámara que a fines de mayo había confirmado la cautelar a favor del CIN, ahora se pronunció en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada. Sin embargo, rechazó los argumentos de “arbitrariedad” y “gravedad institucional” aludidos por el Ejecutivo, indicando que “los eventuales defectos del juicio que se invocan sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas, lo cual no autoriza a descalificar el pronunciamiento dictado”.
La Ley 27.795 fue aprobada dos veces el año pasado por el Congreso, que rechazó un veto presidencial. En 2024, fue nuevamente aprobada y vetada por el Presidente. El Ejecutivo sostiene que su aplicación afectaría el “equilibrio fiscal”, mientras que desde el sector universitario denuncian una política de desfinanciamiento que impacta directamente en los salarios, las becas y el funcionamiento general de las instituciones.
Cuando el expediente llegue a la Corte, los jueces deberán determinar si analizan el recurso o lo rechazan. Este proceso permite al Gobierno ganar tiempo en su estrategia de contención del gasto, mientras la comunidad universitaria denuncia una profunda crisis en el sector.
La crisis de la universidad pública y la respuesta del Gobierno
El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se enmarca en una situación crítica para la educación superior pública. En los últimos dos años, los salarios universitarios han sufrido una caída de más del 30% en su poder de compra, lo que ha llevado a miles de docentes a renunciar o a recurrir al pluriempleo. Esta situación afecta no solo a las facultades, sino también a los colegios preuniversitarios y a los hospitales universitarios, cuya continuidad operativa está en riesgo.
El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en sus redes sociales, afirmando que “el Gobierno Nacional ratifica su compromiso al derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado”. Esta declaración prioriza el “equilibrio fiscal” por encima de la garantía del derecho a la educación pública y el pago de salarios dignos.
Movilización en las calles: la respuesta del 12 de mayo
La decisión judicial se conoce en un contexto de creciente malestar en la comunidad universitaria y coincide con la preparación de una “enorme movilización” para el próximo martes 12 de mayo. Docentes, estudiantes, no docentes y diversos sectores sociales se convocarán en defensa de la universidad pública y gratuita, y para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
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La jornada de protesta incluirá movilizaciones en diferentes ciudades del país, con una marcha central en la Ciudad de Buenos Aires que comenzará a las 15 horas y se dirigirá hacia Plaza de Mayo. Los organizadores esperan reunir a cientos de miles de personas, en un claro mensaje a las autoridades sobre la importancia de la educación pública y la necesidad de cumplir con las leyes vigentes.
Ante la situación, desde las bases universitarias se impulsa la autoorganización de estudiantes, docentes y no docentes mediante asambleas interclaustros, buscando una movilización independiente de las autoridades universitarias y las conducciones tradicionales de los centros de estudiantes y federaciones.
