La Corte Suprema rechaza el «per saltum» de Milei, pero la reforma laboral sigue vigente
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desestimó hoy el pedido de “per saltum” presentado por el Gobierno de Javier Milei, que buscaba que el máximo tribunal se pronunciara de manera expedita sobre la constitucionalidad de la “Ley de Modernización Laboral”. Sin embargo, esta decisión no implica la suspensión de la reforma, que continúa plenamente vigente en todo el territorio nacional.
Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la Corte sostuvo que “no se observan los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para admitir el recurso presentado por el Gobierno”. El argumento central es de índole procesal: el expediente ya está siendo tramitado en las cámaras de apelaciones, tanto en el fuero Contencioso Administrativo como en el Laboral, siguiendo sus carriles ordinarios.
Un revés procesal, una victoria de facto
Aunque el rechazo del “per saltum” se presenta como un revés para la estrategia del Gobierno, analistas judiciales señalan que la decisión era previsible. El pedido se había formulado cuando la causa aún estaba en primera instancia, tras el fallo del juez Raúl Ojeda que suspendía 82 artículos de la reforma. Para muchos, la intención del Gobierno era presionar a las cámaras de apelaciones para obtener fallos favorables, un objetivo que, de hecho, se logró.
Posteriormente al pedido de “per saltum”, la Cámara de Apelaciones del Trabajo, con los jueces Víctor Pesino y María Dora González, suspendió la medida cautelar que había frenado la aplicación de la ley. Esto significó que la reforma laboral volvió a tener plena vigencia. Paralelamente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal también reclamó la competencia del caso, argumentando que el debate va más allá de lo meramente laboral y se centra en la constitucionalidad de la norma.
La reforma sigue, la CGT en la mira
Lo más relevante de la situación actual es que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo permanece activa. La decisión de la Corte no modifica este estado de cosas. La definición sobre su futuro recae ahora en el complejo entramado judicial, con debates sobre recusaciones de jueces, competencias entre fueros y, finalmente, la constitucionalidad o no de la ley.
En este contexto, la actuación de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha sido objeto de críticas. Pese a haber presentado la medida cautelar original, la central obrera ha mantenido una estrategia centrada en el ámbito judicial, sin convocar a medidas de fuerza significativas para respaldar sus reclamos. Incluso, el reciente acto por el Día del Trabajador no derivó en un plan de lucha contundente, a la espera de las definiciones judiciales.
Myriam Bregman y el PTS-Frente de Izquierda, que realizaron una gran campaña contra la reforma, vienen planteando que la estrategia judicial es una trampa. Que hay que seguir en las calles e imponerle a la CGT (y las CTA) un plan de lucha para voltear la ley antiobrera.
Mientras tanto, el rechazo a las políticas del Gobierno, incluyendo la reforma laboral, sigue creciendo en las encuestas. Organizaciones como el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) evalúan convocar a un plan de acción para exigir la anulación de la reforma, mejoras salariales, jubilaciones dignas y el fin de los despidos, en un escenario de creciente malestar social.
