Constitucionalistas desmienten a Adorni: “Debe aclarar su patrimonio”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene su negativa a ofrecer explicaciones públicas sobre su situación patrimonial, alegando que esto podría “obstruir” la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, constitucionalistas consultados por LA NACION coinciden en que no existe ningún impedimento legal para que el funcionario aclare su situación, e incluso sostienen que es su deber hacerlo en función de la ley de ética pública y la responsabilidad inherente a su cargo.

La postura de Adorni generó un fuerte debate sobre los límites de la privacidad de los funcionarios públicos y la obligación de transparencia. Los especialistas enfatizan que la existencia de una investigación judicial no exime al funcionario de rendir cuentas a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de sospechas que atañen al uso de recursos públicos.

La perspectiva de los expertos: transparencia y deber público

Para el catedrático Osvaldo Sammartino, la justificación de Adorni es un “disparate jurídico mayúsculo”. Sammartino afirma que “no sería una interferencia judicial en ningún caso”, y subraya que, ante las serias sospechas de corrupción, es deber del Jefe de Gabinete brindar públicamente toda la información disponible. “No se trata acá de hechos de su vida privada. Lo que está en tela de juicio es si se sirvió de su función para usar en su provecho recursos públicos o recibir dádivas”, sostiene.

En la misma línea, Daniel Sabsay coincide: “No implica entorpecimiento alguno al proceso. Por el contrario, sería importante que se exprese. Ello, por el bien de las instituciones”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez refuerza esta visión, explicando que, desde el punto de vista constitucional y convencional, no hay ningún impedimento para que Adorni se defienda y aclare la situación. Además, destaca que, como funcionario público, tiene la obligación de dar explicaciones para esclarecer los hechos, en base a la ley de ética pública y la Constitución.

Pedro Caminos, catedrático de Derecho Constitucional, enfatiza que las declaraciones juradas de los funcionarios son de carácter público, accesibles a cualquier ciudadano conforme a la ley 25.188. “La existencia de una causa judicial sobre el funcionario no suprime el carácter público de la declaración”, aclara. Caminos sugiere que Adorni podría estar aludiendo al artículo 109 de la Constitución, que prohíbe al Presidente inmiscuirse en causas judiciales, pero aclara que “eso no quiere decir que una persona sujeta a una causa judicial –especialmente si es un ministro– no pueda explicar su situación patrimonial al público: primero, porque explicar la situación patrimonial no interfiere con la actuación de la Justicia y, en el caso de un ministro, porque esa explicación viene exigida por los principios de publicidad y de responsabilidad de los gobernantes”.

Ricardo Gil Lavedra comparte la postura general, indicando que “el primer interesado en aclarar su situación tiene que ser él. Y no dejar que el estado de incertidumbre que existe respecto de estos sucesos siga menoscabando la confianza de la ciudadanía en sus funcionarios”.

Por su parte, Juan Vicente Sola ofrece una perspectiva diferente, señalando que al funcionario lo asiste el derecho a guardar silencio como estrategia judicial. “El jefe de Gabinete puede, en su estrategia de defensa, considerar que no debe opinar públicamente sobre el tema, ya que podría perjudicarlo. Este argumento podrá ser políticamente mal considerado, pero es constitucionalmente válido. Más aún, creo que es una estrategia aceptable en una defensa penal”, afirma.

Adorni y la causa judicial: presiones y peritajes

El jefe de Gabinete justificó su silencio aludiendo a una supuesta intención de no interferir o presionar a la Justicia, una línea de conducta que, según él, sigue el Gobierno en causas judiciales. No obstante, el constitucionalista Pablo Manili destaca que “obstruir” una causa judicial implica “destruir pruebas, apretar testigos, pero no dar explicaciones”.

Sammartino va más allá y señala que lo que sí podría considerarse una interferencia grave es el presunto intento de Adorni de presionar a su contratista Matías Tabar antes de su declaración testimonial, según chats difundidos por el periodismo. En el expediente judicial, junto con los gastos de la familia Adorni, figuran contactos entre el jefe de Gabinete y Tabar, el contratista que realizó remodelaciones en su casa de Indio Cua y trabajos de carpintería para su departamento de Caballito.

Los investigadores entienden que Adorni habría intentado influir en la testimonial de Tabar. El juez Ariel Lijo ordenó peritar el teléfono de Tabar, quien bajo juramento en sede oficial, declaró haber cobrado del funcionario un total de 245 mil dólares “en negro”.