Primer revés judicial para frenar la nueva Ley de Glaciares
El Juzgado Federal de Santa Rosa rechazó hoy la medida cautelar que la provincia de La Pampa había solicitado para suspender la aplicación de la nueva Ley de Glaciares. La normativa, sancionada en abril, flexibiliza el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares, abriendo la puerta a nuevos proyectos mineros en el país.
El juez Juan José Baric argumentó que los demandantes no lograron acreditar con la verosimilitud requerida la existencia de un daño actual e inminente. Además, consideró que suspender una ley del Congreso con efectos en todo el territorio nacional implicaría una interferencia inadmisible sobre la división de poderes, apoyándose en el precedente de la Corte Suprema en el caso “Thomas” de 2010.
Este fallo representa un primer alivio para la industria minera, aunque el litigio continúa. El amparo ambiental colectivo fue declarado formalmente procedente, y el Estado Nacional tiene un plazo de cinco días para presentar un informe circunstanciado. Se espera que el expediente, junto con otras impugnaciones en distintas jurisdicciones, termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El magistrado señaló que los actores —entre ellos el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, la Universidad Nacional de La Pampa y diversas fundaciones— impugnaron la ley de manera abstracta, sin identificar glaciares concretos afectados ni actividades mineras específicas que generaran un daño actual. “No resulta admisible una pretensión de inconstitucionalidad basada en la incertidumbre sobre posibles daños ambientales”, sostuvo Baric.
Los demandantes habían argumentado que la nueva Ley 27.804, sancionada el 9 de abril, reduce el alcance de las áreas protegidas, flexibiliza las prohibiciones de actividad y descentraliza hacia las provincias la decisión sobre qué se protege y en qué condiciones. También cuestionaron el trámite parlamentario, señalando la falta de participación ciudadana genuina en el Senado, pese a la mención del Acuerdo de Escazú.
La minería, en un momento de auge
La resolución judicial llega en un contexto de máxima expectativa para la minería argentina. Las exportaciones del sector metalífero alcanzaron los US$6056 millones en 2025, marcando un récord histórico y un crecimiento del 30% respecto al año anterior. Este monto representó el 7% de las exportaciones totales del país.
Para 2026, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta superar los US$9000 millones, impulsada principalmente por el crecimiento exponencial del litio —cuya producción se triplicó entre 2022 y 2025— y los elevados precios internacionales del oro y la plata.
Grandes inversiones en juego
El principal instrumento para canalizar estas inversiones es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Bajo este marco, al menos 13 proyectos mineros fueron presentados, con una inversión total declarada de US$42.000 millones. Siete de ellos ya obtuvieron aprobación por un monto de US$7948 millones, incluyendo megaproyectos como Los Azules (cobre en San Juan), Rincón (litio en Salta) y Diablillos (plata en Salta-Catamarca).
Los seis proyectos restantes, que concentran la mayor parte del potencial inversor, son clave para el futuro del sector. Entre ellos se destacan Vicuña, el desarrollo de cobre más grande del país con una inversión prevista de US$18.104 millones en San Juan, y El Pachón (US$9500 millones).
El fallo de Santa Rosa, si bien positivo para la industria, no es definitivo. La judicialización de la reforma era esperada y el sector la había anticipado como parte del proceso. Ahora, la mirada de la industria está puesta en el calendario judicial y en la posibilidad de que la Corte Suprema intervenga antes de que los grandes proyectos deban tomar decisiones de inversión irreversibles.
