Condenan en EE.UU. a cuatro implicados en el magnicidio de Jovenel Moïse
La justicia de Estados Unidos dictó sentencia contra cuatro hombres acusados de conspirar para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, marcando un nuevo y significativo capítulo en el caso que conmocionó a la nación caribeña en julio de 2021. El fallo judicial, emitido en Miami tras un extenso juicio federal, profundiza la serie de condenas que ya recayeron sobre otros implicados en el atentado.
Un jurado federal del sur de Florida declaró culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages. Los cuatro se habían declarado inocentes durante el proceso, que se extendió por 39 días de audiencias bajo la supervisión de la jueza Jacqueline Becerra. Ahora, los condenados afrontan la posibilidad de recibir una pena de cadena perpetua.
La investigación determinó que el sur de Florida fue el epicentro de la planificación del operativo que culminó en la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando Moïse fue asesinado a tiros en su residencia privada en Pétion-Ville, cerca de Puerto Príncipe.
Roles clave en la conspiración
Cada uno de los condenados desempeñó un papel central en la trama. Antonio Intriago y Arcángel Pretel Ortiz dirigían una empresa de seguridad privada con sede en Florida, desde donde se coordinó gran parte de la logística del plan. Walter Veintemilla, por su parte, proporcionó financiamiento a través de su compañía de inversiones, mientras que James Solages actuó como enlace en Haití, facilitando la comunicación entre los conspiradores y el entorno local.
Según la fiscalía federal de Estados Unidos y los documentos judiciales, el objetivo principal del plan era derrocar a Moïse para instalar en el poder a Christian Sanon, un médico haitiano-estadounidense cuyo juicio fue separado por razones de salud. Los conspiradores buscaban instaurar un gobierno favorable a sus intereses, aspirando a asegurarse contratos y beneficios económicos tras el cambio de régimen.
Durante el juicio, la defensa argumentó que la investigación fue caótica y que los acusados fueron manipulados para cargar con la responsabilidad de un golpe interno. Sostuvieron que creían tener una orden judicial válida y que su intención era destituir a un presidente que, según ellos, había excedido su mandato. Sin embargo, el tribunal, tras evaluar los testimonios y pruebas, desestimó estos argumentos y declaró a los acusados culpables de conspiración.
El testimonio de Martine Moïse y el impacto en Haití
El testimonio de Martine Moïse, la esposa del presidente asesinado, resultó determinante para el jurado. La ex primera dama relató cómo fue sorprendida junto a su esposo por los disparos dentro de su casa. “Cariño, estamos muertos”, recordó que le dijo su marido en los instantes previos al magnicidio.
En Haití, el caso ha llevado a la acusación de más de cincuenta personas, incluida la viuda del mandatario. No obstante, el avance del proceso judicial en el país caribeño permanece estancado debido a la profunda inseguridad y al colapso institucional. Entre los detenidos en Haití figuran 17 exmilitares colombianos y otros ciudadanos extranjeros.
Este fallo se suma a sentencias previas en Estados Unidos, donde cinco personas ya fueron condenadas a cadena perpetua y otra recibió una pena de nueve años. Algunos acusados pactaron con la fiscalía federal y otros siguen a la espera de juicio, lo que demuestra la complejidad y la extensión de la red detrás del crimen.
Crisis política y humanitaria
El asesinato de Jovenel Moïse desencadenó una profunda crisis política y de seguridad en Haití, una circunstancia que facilitó el avance y consolidación de bandas armadas en gran parte del territorio. La escalada de violencia y el deterioro de las condiciones de vida han impulsado una ola migratoria masiva, especialmente hacia Estados Unidos, donde cerca de 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación.
Actualmente, la vida cotidiana en Haití está marcada por una inestabilidad crónica. El cierre de escuelas y hospitales en diversas regiones incrementa las dificultades para la población, mientras organizaciones como la ONU advierten que la persistente falta de seguridad y servicios esenciales podría agravar la emergencia humanitaria a niveles críticos.
