FIFAgate: la sombra de la Justicia de EE.UU. se proyecta sobre «Chiqui» Tapia y la AFA
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, puede viajar a Estados Unidos y disfrutar del Mundial como líder de la comitiva oficial, pero lo hace sabiendo que al menos tres fiscales norteamericanos investigan los movimientos de dinero de la entidad que preside y, por extensión, lo investigan a él. Los antecedentes del recordado FIFAgate distan de ser tranquilizadores y marcan un patrón de persecución extraterritorial de la corrupción transnacional en el fútbol.
La investigación que desembocó en el FIFAgate comenzó en 2010 en Estados Unidos, ligada inicialmente al crimen organizado ruso, y se aceleró en 2011 cuando un agente del organismo tributario (IRS) abrió una causa por evasión impositiva contra Chuck Blazer, exsecretario general de la Concacaf. Blazer, confrontado con pruebas de su accionar delictivo, aceptó cooperar y se convirtió en informante en diciembre de 2011, llegando a usar un micrófono oculto durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El estallido del FIFAgate y la jurisdicción de EE.UU.
El estallido público del FIFAgate se produjo en mayo de 2015. La entonces fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, presentó una acusación de 47 cargos contra catorce dirigentes y ejecutivos del marketing deportivo. La operación fue coordinada con la policía suiza, que realizó arrestos en Zúrich esa misma madrugada. Los fiscales sustentaron la jurisdicción estadounidense argumentando que el dinero, tanto lícito como ilícito, incluidos sobornos, había transitado por el sistema bancario norteamericano. Esta construcción jurídica es la misma premisa que los fiscales podrían invocar ahora para avanzar sobre los movimientos de dinero de la AFA y la gerenciadora TourProdEnter LLC.
La estrategia del Departamento de Justicia combinó cooperación internacional con Suiza, presión sobre los imputados para obtener nuevos delatores –figuras como Alejandro Burzaco se convirtieron en testigos clave– y una segunda tanda de imputaciones en diciembre de 2015 que sumó dieciséis acusados más. Este despliegue, sostenido durante años, consolidó un modelo de persecución extraterritorial de la corrupción transnacional que sigue generando causas derivadas hasta hoy. El FIFAgate reveló un esquema sistemático de sobornos por más de US$150 millones a cambio de derechos de televisación y marketing de torneos, y de votos para la organización de Mundiales, consolidando el largo brazo de la Justicia de Estados Unidos sobre los negocios del fútbol global.
El viaje de Tapia bajo la lupa
En este contexto, “Chiqui” Tapia fue autorizado por la Justicia argentina para viajar a la final de la Champions League y al Mundial que se desarrollará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. La condición impuesta fue el depósito de una caución de $30 millones en un expediente del fuero en lo Penal Económico, donde fue procesado por presunta retención indebida de aportes. Tapia voló este jueves a Europa para luego seguir su camino hacia Estados Unidos, con fecha de retorno a la Argentina fijada para el 21 de julio.
El titular de la AFA conoce, sin dudas, el antecedente de Jeffrey Webb, quien presidía la Concacaf en mayo de 2015 y fue arrestado en Zúrich. La lección es clara: una imputación sellada (sealed indictment) puede materializarse en cualquier momento. El FBI y el Departamento de Justicia tienen una larga tradición de elegir el momento de máxima exposición pública –congresos, finales y ceremonias deportivas– para los arrestos. El espejo más cercano para el fútbol sudamericano es el expresidente de la Conmebol, Juan Ángel Napout, arrestado en el mismo hotel suizo en 2015, extraditado a Estados Unidos, condenado a nueve años de prisión y fallecido en una cárcel federal en 2022. Tapia, ahora, se sabe bajo una lupa.
