Giro pragmático: el Gobierno retoma la agenda legislativa con foco en la inversión y el Banco Nación
El Gobierno de Javier Milei retoma la agenda legislativa con un enfoque que prioriza la atracción de inversiones y la asistencia financiera, exhibiendo un pragmatismo económico que se distancia de su discurso fundacional. Esta nueva orientación se manifiesta en la proliferación de regímenes especiales para promover la inversión en industrias novedosas y en la reactivación de herramientas estatales como el Banco Nación para enfrentar la crisis de endeudamiento familiar.
La estrategia oficial para atraer capitales, especialmente en proyectos acotados y de gran envergadura, implica la creación de marcos específicos que, según analistas, reconocen la dificultad de captar fondos de otra manera. Esta elección de “ganadores y perdedores” en función de criterios debatibles, genera especulaciones sobre posibles intereses particulares. La reciente presencia en el país de Peter Thiel, cofundador de Palantir y figura vinculada al aparato de seguridad de Estados Unidos, alimenta estas discusiones, que se espera sean sometidas a escrutinio público y del Congreso de la Nación.
El Banco Nación y el intervencionismo “libertario”
Lejos de la postura inicial que proponía su privatización, el Gobierno ratificó la permanencia del Banco Nación en el organigrama estatal y, más aún, lo utiliza como herramienta de intervención. La entidad anunció líneas de crédito para asistir a familias e individuos que no pueden cumplir con sus deudas de préstamos personales y tarjetas, acumuladas por la fuerte suba de tasas de interés y la corrida cambiaria del año pasado. Esta medida, que evita una posible “catarata de quiebras” que los defensores a ultranza del libre mercado habrían aconsejado, subraya el giro dirigista de la administración.
Este eclecticismo anticíclico, combinado con algunas señales positivas en el frente económico, parece haber distendido el clima dentro del oficialismo. “Lo peor ya pasó”, afirmó un ministro, reflejando un optimismo que busca romper con la dinámica autodestructiva que caracterizó al Gobierno entre marzo y mediados de mayo. La apuesta actual es que las iniciativas parlamentarias contribuyan a reorientar la conversación pública hacia los atributos que los libertarios consideran característicos de su gestión: simplificar la vida del ciudadano, romper con privilegios y mostrar capacidad de innovación frente a problemas como la inflación y los excesos regulatorios.
Desafíos pendientes y la “batalla cultural”
A pesar del renovado impulso legislativo, el Gobierno aún no recupera la iniciativa política en un sentido amplio, como ocurrió durante las sesiones extraordinarias del Congreso. La esfera parlamentaria es crucial, especialmente con el mayor peso relativo obtenido en las elecciones de medio término, que le permite tejer alianzas y fragmentar a la oposición, como se vio con los votos para Carlos Mahiques en el Senado. Sin embargo, la política abarca también el capital simbólico, la influencia de los líderes y el potencial electoral.
La administración Milei se enfrenta al desafío de renovar su ancla discursiva sin perder el entusiasmo ni el sentido de “epopeya refundacional” que el Presidente imprime a su mensaje. En este contexto, la “batalla cultural” parece haber sido ganada, con vastos sectores del peronismo reconociendo la prioridad del equilibrio fiscal. Incluso dirigentes como Aníbal Fernández han validado las acciones del Gobierno. Esta falta de propuestas alternativas creíbles por parte de la oposición posiciona a Milei con ventaja de cara a las elecciones del próximo año.
No obstante, persisten dudas entre los inversores sobre la capacidad del Gobierno para concretar las reformas estructurales prometidas, más allá de la parcial excepción laboral. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reciente reporte, avivó el debate sobre los imprescindibles cambios en materia tributaria y previsional. Aunque se anunció una baja de retenciones para el campo y algunas industrias, el Gobierno se niega a dar el debate central sobre una reforma tributaria integral y una reforma previsional que contemple el cambio en la edad jubilatoria, ante un sistema que acumula más jubilados y menos aportantes formales. La pregunta es si la política se impone a la economía, posponiendo las cuestiones de fondo para futuras campañas, como sugirió un exministro de Carlos Menem.
