Reforma educativa: docentes rechazan la injerencia de las familias en la gestión escolar

En el corazón de los debates sobre la reforma de la escuela secundaria en Argentina, un nuevo estudio ilumina una de las tensiones más profundas del sistema educativo: el vínculo entre la escuela y las familias. El informe “Repensar la Escuela Secundaria”, presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) y la Asociación Conciencia, revela que el 58,2% de los educadores considera bajo el nivel de participación familiar en las trayectorias educativas de los estudiantes.

Este diagnóstico, basado en una encuesta nacional a docentes y directivos, no se distribuye de manera uniforme y refleja las desigualdades socioeconómicas del país. Mientras que en escuelas de nivel socioeconómico (NSE) alto solo el 29,4% de los docentes percibe esta falta de compromiso, la cifra se eleva drásticamente al 73,1% en los sectores de NSE bajo. La gestión escolar también marca diferencias: el 63,7% de los encuestados en instituciones estatales reporta baja participación, frente al 37,9% en establecimientos privados.

La “ausencia” familiar percibida por los docentes genera una paradoja. Aunque la comunidad educativa reclama un mayor acompañamiento cotidiano, se establece un límite claro cuando se trata de la toma de decisiones. El mismo cuerpo docente rechaza contundentemente (70,6%) que los padres tengan voz en la selección de los equipos directivos, una tarea que defienden como parte de su autonomía profesional y la gestión estatal.

Existe también una fuerte resistencia a que el Consejo de Padres y Madres intervengan en el Proyecto Educativo Institucional: en este punto, el rechazo de los educadores alcanza un 47,5%.

Esta postura colisiona con el proyecto de Ley de Libertad Educativa, impulsado por el Gobierno en el marco del Consejo de Mayo. La propuesta oficialista establece la creación de Consejos Escolares de Padres para las instituciones estatales, integrados por padres y tutores elegidos por sus pares. Entre sus funciones, se contempla la participación en la contratación y remoción del equipo directivo, así como en la elaboración de reglamentos internos, supervisión y asesoramiento en asuntos institucionales.

Autonomía escolar y evaluación estandarizada: puntos de consenso

La encuesta también aborda otros puntos de la propuesta oficialista que busca modificar la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206), aún sin avances en el Congreso. Además de la participación familiar, la ley promueve la autonomía institucional y pedagógica de las escuelas.

En este aspecto, la encuesta revela una expectativa positiva. El 91% de los educadores identifica al menos un área que mejoraría con una mayor capacidad de decisión institucional. El apoyo más alto (72%) se concentra en la autonomía para organizar prácticas educativas vinculadas al mundo del trabajo.

Otro punto de amplio consenso es la implementación de una evaluación nacional estandarizada y opcional al finalizar la secundaria. El 65,2% de los docentes y directivos está de acuerdo con esta medida, orientada a evaluar aprendizajes en lengua, matemática y ciencias, similar al Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) propuesto por la ley, que sería voluntario.

Debates pedagógicos: metodologías activas sí, repitencia no

En el plano del aula, los educadores coinciden en la necesidad de modernizar las formas de enseñanza. Existe un amplio consenso (74,2%) a favor de profundizar metodologías activas y participativas que centren el proceso en el estudiante. “Es un gran consenso. Siete de cada diez educadores están de acuerdo con profundizar la utilización de metodologías activas, como pueden ser los aprendizajes basados en proyectos”, detalló Ianina Tuñon, investigadora del OSDA-UCA y autora del informe.

Sin embargo, el punto de mayor fricción sigue siendo el régimen académico. Persiste una fuerte resistencia a la eliminación de la repitencia, un modelo hacia el cual avanzaron en el último tiempo la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El 60,8% de los educadores se manifiesta en desacuerdo con reemplazarla por un sistema de aprobación por materias, evidenciando que este debate estructural aún no está saldado en la comunidad educativa.

Frente al uso de celulares en el aula, la mayoría (41,6%) prefiere la integración pedagógica antes que su prohibición o restricción. “Hay un montón de dimensiones educativas que la escuela secundaria tiene que abordar que necesitan del uso del celular. Ejemplo: educación financiera. El 80% de los adolescentes tiene una billetera virtual, la administran en un dispositivo. ¿La escuela tiene que enseñar educación financiera? Nosotros institucionalmente creemos que sí, y para eso se tiene que integrar el dispositivo en la enseñanza”, argumentó Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de la Asociación Conciencia.