Escándalo judicial en Córdoba: anulan condena por secuestro y piden investigar al fiscal Enrique Senestrari

CÓRDOBA.- La causa por el secuestro y asesinato de Santiago Aguilera Allende, que conmovió al oeste provincial en 2022, dio un giro inesperado y se encamina a un escándalo judicial. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la absolución de Julio César Ramírez, quien había sido condenado a 12 años de prisión, y giró el fallo a la Procuración General de la Nación para que investigue al fiscal federal Enrique Senestrari por la “singular gravedad institucional” derivada de la instrucción del caso.

Ramírez, que se encontraba en prisión domiciliaria con monitoreo electrónico desde principios de este año por problemas de salud, fue puesto en libertad de inmediato tras la decisión de Casación. Su condena inicial había sido dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de Córdoba, en un proceso que también juzgó a Walter Gil, el otro acusado detenido por el crimen de Aguilera.

Santiago Aguilera Allende, de 18 años, desapareció en agosto de 2022 en Villa Dolores, Traslasierra. Su cuerpo fue encontrado cinco días después con signos de tortura, incluyendo quemaduras de cigarrillo, hematomas y cortes, antes de su homicidio.

La prueba falsa y la intervención judicial

La absolución de Ramírez se produce luego de que los jueces Guillermo Yacobucci, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma de Casación anularan el fallo anterior al constatar que la prueba científica clave utilizada por la fiscalía para condenarlo era falsa. Esta prueba señalaba que Ramírez había ingresado a la cuenta de Gmail de la víctima el día del asesinato.

Una investigación reciente, ordenada por el fiscal Maximiliano Hairabedian, demostró que quien había ingresado a esa cuenta fue, en realidad, uno de los propios investigadores judiciales de la causa, bajo órdenes del fiscal Senestrari. Ramiro Julián Daverio, dependiente de la fiscalía de Senestrari, se presentó quince días después de terminado el juicio y reconoció que la conexión a la cuenta de Gmail de la víctima atribuida a Ramírez no había sido realizada por él ni desde su casa, tal como había sostenido la defensa durante el proceso.

Daverio admitió que fue él quien accedió a la cuenta de Aguilera con un dispositivo oficial de la fiscalía para realizar una exportación de datos, conocida como “Google Takeout”. Explicó que las IP de la conexión podían coincidir porque se repiten en distintos clientes de Villa Dolores debido al sistema de la proveedora local de internet. Esta era una prueba central para vincular a Ramírez con el caso, bajo el argumento de que los secuestradores habían manipulado las cuentas de la víctima para obtener dinero de sus billeteras virtuales.

Duras críticas y pedido de disculpas

El fiscal general de Casación, Raúl Omar Pleé, reconoció que el Ministerio Público actuó de modo “incorrecto” y pidió “sentidas disculpas” tanto a la familia de la víctima como a la de Ramírez. El fallo de Casación subraya la “singular gravedad institucional” de lo ocurrido, tanto por las irregularidades en la investigación como por el impacto en las garantías del debido proceso y la confiabilidad de la prueba.

Las circunstancias expuestas revelan un escenario de singular gravedad institucional, tanto por las irregularidades denunciadas en el desarrollo de la investigación como por el impacto que ello proyecta sobre las garantías del debido proceso y la confiabilidad de la prueba producida en un hecho particularmente luctuoso.

La querella ya había planteado la existencia de “graves irregularidades”, incluyendo la falta de profesionalismo, la eventual manipulación de información y la utilización de personal sin capacitación técnica adecuada. El juez Barroetaveña enfatizó que el asunto del acceso al Gmail de la víctima “repercute directamente en el marco fáctico-probatorio del caso”, y que la atribución de participación a Ramírez por manipular el celular de Aguilera “ha quedado totalmente desvirtuado”.

Barroetaveña destacó que, a la luz de la revelación de Daverio, todas las partes coincidieron en criticar la actuación del fiscal Senestrari y en comprender que “la responsabilidad penal de Julio César Ramírez no podía mantenerse”. El magistrado fue contundente: “No es posible soslayar la gravedad de lo acontecido. Se nos ha convocado a decidir acerca de la responsabilidad de una persona que, en base a información aportada con posterioridad al fallo bajo estudio, podemos ahora afirmar que ha sido erróneamente considerada culpable”.

A Senestrari no solo se le imputa esta irregularidad; la querella también lo había cuestionado por no haber indagado a Walter Gil cuando este estaba detenido y la víctima aún se encontraba con vida. El juez Yacobucci, por su parte, resaltó otra irregularidad: una perito informática había afirmado que el acceso a la cuenta de Gmail se hizo desde una computadora con Windows, pero en la condena a Ramírez se dio por hecho que fue a través del teléfono celular de Aguilera, con sistema Android.

La gravedad institucional de esta circunstancia no puede ser soslayada. Como lo señaló el fiscal general en la audiencia, la atribución del acceso a Ramírez se apoyó en una actividad investigativa que no observó los recaudos técnicos mínimos exigibles para el tratamiento de evidencia informática de esa naturaleza. La intervención de personal no calificado en tareas de esa complejidad —en particular, del propio Daverio, quien reconoció no contar con los conocimientos necesarios para realizar aquello que se le había encomendado— no solo debilitó la fuerza demostrativa del dato, sino que produjo una contaminación probatoria con impacto directo en la situación procesal del Ramírez.

El caso Aguilera Allende

Santiago Aguilera Allende fue secuestrado el 16 de agosto de 2022. Sus padres, al ir a despertarlo para ir al Instituto Privado Cerro Azul XXII de Villa Dolores, descubrieron su ausencia. La preocupación se intensificó por los problemas renales de Santiago, quien había recibido un trasplante de su madre y debía tomar medicación de por vida.

Un día después de su desaparición, su madre recibió un SMS y un mensaje de WhatsApp pidiendo 7 millones de pesos de rescate desde el celular de Santiago. Dos días más tarde, el cuerpo del joven fue hallado a unos 200 metros del arroyo Seco, con un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte.

Walter Gil fue detenido el 19 de agosto en Villa Dolores, por numerosas contradicciones en su declaración y otros elementos de prueba. El joven, de 23 años en ese momento, trabajaba en el corralón de venta de materiales de construcción del padre de Santiago.