Santa Cruz: la nueva Corte Suprema ordena auditoría integral del Poder Judicial
EL CALAFATE. Por primera vez en su historia, el Poder Judicial de Santa Cruz será sometido a una profunda auditoría administrativa y contable. La medida, que abarcará desde los fondos presupuestarios hasta el estado de las causas judiciales pendientes, fue dispuesta por el renovado Tribunal Superior de Justicia, que ayer entró en pleno funcionamiento.
La decisión surge de las actas del Acuerdo Extraordinario firmado por ocho de los nuevos miembros del Tribunal, que se reunieron por primera vez anteayer, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalara la ley provincial que amplió el cuerpo de cinco a nueve integrantes. Con la mayoría asegurada por las flamantes designaciones, se votó a Gabriel Nolasco Contreras Agüero para la presidencia y se avanzó con un detallado pedido de informes internos.
Auditoría de gastos y salarios: un punto de conflicto
El análisis solicitado deberá ser presentado por el administrador general del Poder Judicial, el contador Fernando Ortiz de Zárate. Incluirá los créditos establecidos en la Ley de Presupuesto Provincial, la ejecución presupuestaria, los recursos propios y otros egresos, así como las obligaciones existentes y devengadas.
Un aspecto central del informe es el detalle de la masa salarial de magistrados, funcionarios, personal superior y demás empleados del Poder Judicial. También se requerirá el costo mensual en concepto de tributos y servicios, obras, equipamiento informático, contratos de locación vigentes y el parque automotor. La auditoría también solicitará información sobre las “licitaciones públicas o privadas, concursos de precios y contrataciones directas, celebradas durante los ejercicios 2025 y 2026”.
Este punto es particularmente sensible. En enero, en plena feria judicial, el Tribunal Superior de Justicia dispuso un aumento de sueldos cercano al 50% escalonado hasta octubre. Este porcentaje supera con creces las proyecciones de inflación anual y los acuerdos paritarios de otros sectores. Con esta mejora, el sueldo de un vocal del Tribunal Superior podría alcanzar entre 20 y 24 millones de pesos, según la antigüedad.
La decisión económica de los jueces exacerbó el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo provincial, en un contexto de caída pronunciada de los ingresos a las arcas provinciales y sin incrementos salariales para los estatales. Fuentes oficiales del gobierno confirmaron a LA NACION que al Poder Judicial solo se envió lo presupuestado, y que el pedido de incremento salarial fue posterior.
Medidas ante el paro judicial y nuevos criterios de ingreso
El conflicto salarial derivó en medidas de fuerza de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz, que iniciaron un paro en febrero. Este gremio había solicitado la inconstitucionalidad de la ley de ampliación de la Corte, argumentando que afectaba los salarios judiciales. La paralización de la actividad judicial desde febrero llevó al Tribunal a decidir, por mayoría, el llamado a conciliación obligatoria, con la resistencia de los vocales que se oponían a la ampliación del cuerpo.
En otro de los puntos clave, el nuevo Tribunal Superior de Justicia dispuso que todo ingreso al Poder Judicial se realice a través de concursos abiertos y públicos de antecedentes y oposición. Se evaluará la modalidad y temarios de estos concursos, y se requirió a la Dirección de Gestión Administrativa y RRHH un informe detallado de los ingresos producidos desde el año 2025 hasta la fecha, así como información sobre funcionarios que prestan funciones fuera de la provincia.
Finalmente, ante la demora en la tramitación de expedientes generada por el paro gremial y la causa ante la Corte, el Tribunal ordenó a todas las secretarías del TSJ y a las Cámaras de Apelaciones y Criminales que presenten un “informe sobre las causas en trámite”, incluyendo si existen personas privadas de la libertad.
