Dólares del colchón: el Gobierno modifica el proyecto de Inocencia Fiscal para eliminar topes y atraer divisas

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó en el Palacio de Hacienda la presentación de las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, la iniciativa legislativa con la que el Poder Ejecutivo busca incentivar la bancarización de los denominados «dólares del colchón». Acompañado por la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, el funcionario ratificó que el texto corregido será enviado al Congreso para formalizar su tratamiento parlamentario.

A diferencia de otras exposiciones oficiales, el encuentro no contempló un espacio de preguntas hacia el titular de la cartera económica. La precisión técnica del articulado estuvo a cargo de los tributaristas Sonia Becherman, Liban Kusa (del estudio Bruchou & Funes de Rioja) y Ricardo Paolina (de Lisicki, Litvin & Asociados), convocados para responder las dudas del sector. Como informó este medio Inocencia Fiscal: Caputo presenta una versión corregida para captar dólares del colchón, la estrategia oficial procura reubicar la agenda económica en el centro del debate público.

Eliminación de topes y el nuevo alcance del régimen

El proyecto no establece un nuevo blanqueo de capitales, sino que reforma el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025, al cual ya se anotaron más de 330.000 contribuyentes. La modificación saliente es la quita de los límites de $10.000 millones de patrimonio y de $1.000 millones de ingresos anuales que restringían el acceso en la versión original.

Con este cambio, las condiciones para ingresar se reducen a contar con residencia fiscal en el país y no figurar categorizado como Gran Contribuyente Nacional. Además, desde el equipo económico aclararon que la flexibilización alcanza tanto a contribuyentes particulares como a funcionarios y exfuncionarios públicos.

Tapón fiscal y carga de la prueba en manos de la ARCA

El eje central de la medida radica en el mecanismo de tapón fiscal: mientras el contribuyente encuadre en los requisitos previstos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no podrá objetar el origen de los fondos declarados en períodos anteriores. Asimismo, la propuesta modifica el concepto de discrepancia significativa —la diferencia entre lo declarado y lo detectado por el fisco que puede anular el beneficio— y traslada la carga probatoria al organismo recaudador.

En simultáneo, la norma precisa que los pagos en efectivo vinculados a operaciones inmobiliarias serán plenamente compatibles con el régimen, una aclaración destinada a destrabar el mercado del ladrillo. Durante el anuncio, Caputo argumentó que la iniciativa busca impulsar el crédito y formalizar recursos ociosos.

“Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros el acceso libre al sistema bancario, sin ninguna penalidad”, sostuvo Caputo.

Según estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), existen aproximadamente US$170.000 millones fuera del circuito financiero formal, frente a una masa de depósitos en dólares que roza los US$40.000 millones.

Análisis técnico y prórroga en los vencimientos

Las modificaciones fueron bien recibidas por especialistas del sector privado. El tributarista César Litvin remarcó que la quita de topes permitirá incorporar a un «universo significativo de sujetos» y que adjudicar la carga de la prueba a la ARCA genera mayor certidumbre jurídica, al tiempo que aclaró que la medida no altera la alícuota a pagar del impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, analistas del mercado se muestran más cautos sobre el atractivo del proyecto para quienes rechazaron el blanqueo de capitales aprobado a fines de 2024. De los 330.000 inscriptos en el esquema simplificado, unos 170.115 ya presentaron su declaración jurada, mientras que 99.000 mantienen el trámite en condición de borrador. Ante este escenario, la ARCA oficializó la extensión del plazo de presentación hasta el próximo 27 de agosto a la espera de las definiciones parlamentarias.