Justicia laboral porteña: Jorge Macri apura la creación del fuero a la espera de un fallo clave

A la espera de una resolución judicial que destrabe el proceso, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, impulsa la creación de la Justicia laboral porteña. Ayer, el Ejecutivo porteño remitió a la Legislatura un paquete de proyectos que buscan avanzar con la reestructuración institucional del Poder Judicial local, a cuatro meses de la firma del acuerdo con la administración de Javier Milei para la transferencia de competencias.

Las iniciativas presentadas también contemplan la creación de un servicio de conciliación obligatoria en la Ciudad y una reforma del Código Procesal porteño. Estos cambios buscan dejar el esquema institucional listo para cuando, según las previsiones del gobierno local, la Justicia habilite la puesta en funcionamiento del fuero.

El debate sobre el traspaso de la Justicia laboral se remonta a la reforma constitucional de 1994, que otorgó autonomía a la Ciudad. Sin embargo, cobró un nuevo impulso a fines del año pasado, cuando el gobierno nacional mencionó la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo” en el texto de la reforma laboral. En febrero, Jorge Macri y el gobierno nacional firmaron un convenio para transferir estas competencias a la órbita de la Ciudad.

Nuevo hito en la autonomía de la Ciudad: firmamos el convenio para que el Gobierno Nacional nos transfiera las competencias sobre la Justicia Laboral. Un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más…

— Gabino Tapia (@GabinoTapiaBA) February 10, 2026

Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad, había celebrado el acuerdo en su cuenta de X (ex Twitter): “Nuevo hito en la autonomía de la Ciudad: firmamos el convenio para que el Gobierno Nacional nos transfiera las competencias sobre la Justicia Laboral. Un servicio de justicia, propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”.

Las cautelares que frenan el traspaso

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), parte de la CGT, objetó el traspaso de competencias y solicitó a la Justicia que declarara inconstitucionales tanto los artículos de la reforma laboral que aludían al tema como el convenio firmado. En respuesta, Herman Mendel, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°30, hizo lugar al reclamo y dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del acuerdo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Esta cautelar se suma a otra anterior que ya había frenado la puesta en funcionamiento de diez juzgados laborales de primera instancia, habilitados por la Legislatura en diciembre de 2024. En esa ocasión, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal detuvo su implementación hasta que entrara en vigencia el acuerdo de traspaso, que ahora está bajo revisión.

Desde el gobierno porteño aseguran que, si bien el fuero laboral propio solo podrá empezar a operar una vez que se levanten ambas cautelares, están habilitados a avanzar con la creación formal de los juzgados y la sanción de proyectos para readecuar la estructura interna del Poder Judicial del distrito. “La judicialización relacionada con esta transferencia tiene dos vertientes: las acciones que atacan a la ley de puesta en funcionamiento del fuero y la constitucionalidad de la ley de modernización laboral. Estas acciones judiciales de ninguna forma traban el proceso de puesta en marcha del fuero laboral de la ciudad”, explicaron fuentes del gobierno porteño.

Estructura y agilidad judicial

Los proyectos remitidos a la Legislatura incluyen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N°7) y del Ministerio Público (Ley N°1903). El texto prevé una estructura con ochenta juzgados laborales de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo, compuesta por diez salas de tres jueces cada una.

Asimismo, se envió al parlamento local una iniciativa para crear el servicio de conciliación laboral previa y obligatoria de la Ciudad, replicando el modelo nacional. Esto implica que todo conflicto laboral deberá pasar por una instancia de mediación antes de acceder a la vía judicial, buscando canalizar algunos conflictos por vía administrativa y evitar la saturación de los juzgados.

Una tercera propuesta busca reformar el Código Procesal de la Ciudad para establecer un sistema judicial más ágil. El proyecto fija un plazo máximo de cinco días para la convocatoria a una audiencia final de alegatos tras la etapa de producción de pruebas, y los jueces tendrán un máximo de 30 días para dictar sentencia. Se espera así obtener resoluciones más rápidas que en la Justicia Nacional del Trabajo.

Además, se habilita la intervención del fuero laboral porteño no solo cuando los contratos de trabajo se celebren en la Ciudad, sino también cuando alguna de las partes tenga domicilio (legal para empresas, real para trabajadores) en el distrito. El gobierno espera que las cautelares se levanten antes de fin de año para poder inaugurar el fuero laboral propio en febrero de 2027, teniendo “todo listo” para ese momento.