Fútbol y Tribunales: Claudio «Chiqui» Tapia se apoya en el éxito deportivo ante el avance de la Justicia
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, busca capitalizar políticamente el desempeño de la Selección nacional como un escudo protector ante el avance de las investigaciones judiciales en su contra, tanto en el ámbito local como en los Estados Unidos. En el entorno de la conducción de la calle Viamonte confían en que el éxito de la «Scaloneta» servirá como un amortiguador temporal frente a las complejas causas que lo acechan.
Tapia, quien se mostró sumamente activo en redes sociales durante el certamen e incluso ensayó un acercamiento de alto perfil al saludar al expresidente estadounidense Donald Trump en un evento oficial de la FIFA, intenta consolidar una campaña de blanqueo de imagen. Sin embargo, fuentes judiciales y de la Casa Rosada advierten que el éxito deportivo pertenece a los futbolistas y al cuerpo técnico, y que difícilmente logre frenar de manera permanente las investigaciones en curso.
La ruta del dinero en Miami y la sombra del FBI
El frente judicial más complejo para la conducción de la AFA proviene de los Estados Unidos. Tres fiscales federales, con la colaboración activa de agentes del FBI, avanzan sobre las maniobras financieras de la empresa TourProdEnter, firma que administró cerca de US$ 300 millones entre 2021 y 2025 bajo la gestión de Javier Faroni. Las autoridades norteamericanas detectaron el desvío de al menos US$ 57 millones hacia diez sociedades constituidas por ciudadanos argentinos en Miami.
La investigación sumó recientemente nuevos elementos tras revelarse transferencias entre TourProdEnter y la firma uruguaya Stufer Corporation, propiedad de Teodoro Favergiotti, exsocio de Faroni. Cerca de la cúpula de la AFA intentan tomar distancia del caso:
“Es un problema de Faroni, el dinero de la AFA llegó a donde tenía que llegar”
No obstante, la presión aumenta sobre figuras clave como Juan Pablo Beacon, excolaborador del secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino. Beacon, quien posee registros fílmicos en su estudio jurídico que comprometen la operatoria de manejo de fondos en efectivo, habría sido contactado por los investigadores norteamericanos. Según allegados, el abogado busca garantías ante el temor de quedar detenido en el extranjero.
Lazos políticos y la pasividad judicial en Comodoro Py
Mientras la investigación en el exterior avanza, en la Argentina el «tapismo» confía en que las causas locales mantendrán un ritmo aletargado. Durante el torneo, llamó la atención la presencia en las tribunas de funcionarios clave del área judicial, como el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Viola, y magistrados que intervienen directa o indirectamente en causas vinculadas a la AFA.
Entre los asistentes al certamen se reportó a la fiscal Silvana Russi —a cargo de la denuncia por defraudación presentada por Guillermo Tofoni— y al camarista Mariano Borinsky. Este último, junto a su colega Diego Barroetaveña (quien hasta hace poco presidía el Tribunal de Ética de la AFA), firmó recientemente una resolución para revisar la competencia sobre una disputa por una propiedad en Pilar, revirtiendo una decisión previa del propio tribunal.
El botín millonario y el operativo «venganza»
La final del torneo representa también un millonario incentivo económico: de consagrarse campeón, la AFA recibirá una transferencia de US$ 50 millones desde Suiza, además de nuevos ingresos publicitarios. La administración de estos recursos genera recelo entre los propios futbolistas de la Selección, quienes recuerdan con desconfianza la experiencia del Mundial de Qatar, donde los premios se liquidaron en pesos mientras se sospecha de la existencia de un circuito paralelo en moneda extranjera.
Lejos de la distensión, la interna en la calle Viamonte se mantiene al rojo vivo. La relación entre Tapia y el tesorero de la entidad atraviesa su peor momento debido al avance de los expedientes judiciales. Ambos sectores, sin embargo, coinciden en la puesta en marcha de un denominado «operativo venganza» contra los periodistas y dirigentes políticos que denunciaron las irregularidades de la gestión. Esta estrategia ya se traduce en la solicitud de medidas cautelares en la justicia local y campañas de hostigamiento coordinadas en redes sociales.
