Privatización de AYSA: quiénes son los empresarios que compiten por el control del agua de 14 millones de personas

El proceso para la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), la empresa estatal más grande que el Gobierno nacional tiene en carpeta para transferir al sector privado, ingresó en su etapa de definiciones. El próximo 12 de agosto vencerá el plazo para la consulta de los pliegos de bases y condiciones, mientras que el 27 de agosto se presentarán formalmente las ofertas. Se trata de una operación clave que definirá el control del servicio de agua potable y cloacas para más de 14 millones de usuarios de la Capital Federal y 26 partidos del conurbano bonaerense.

Durante las últimas semanas, las visitas técnicas a las plantas de la compañía —un proceso conocido como data room— mostraron un movimiento menor al esperado originalmente por el oficialismo. La lista de interesados se redujo a un puñado de jugadores locales con fuerte peso político y algunos actores internacionales que analizan el negocio bajo un esquema de alta complejidad regulatoria y técnica.

Los empresarios en la línea de largada

Entre los oferentes locales consolidados aparece en primer lugar Mauricio Filiberti, propietario de la firma Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. Filiberti no es un recién llegado al ecosistema de la empresa de saneamiento: desde 2009 es el proveedor monopólico de policloruro de aluminio (PAC), un insumo crítico para la potabilización del agua. Para esta licitación, el empresario trabaja en una propuesta conjunta con Rowing, la constructora de ingeniería liderada por Walter Román.

Otro competidor nacional de peso es el Grupo Roggio, actual operador de Aguas Cordobesas y el holding local con mayor experiencia específica en el sector de agua potable. Roggio, que también tiene a su cargo la operación del subte porteño y la línea ferroviaria Urquiza, llega a la contienda con el antecedente de su líder histórico, Aldo Roggio, procesado en la causa Cuadernos tras declarar como arrepentido y confesar el pago de retornos vinculados a subsidios ferroviarios.

La tercera constructora local en carrera es JCR, fundada por el fallecido empresario Juan Carlos Relats. Al igual que Roggio, la firma cuenta con directivos procesados en la causa Cuadernos. La constructora administró durante 11 años el hotel Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, bajo un contrato de alquiler de 90.000 dólares mensuales que sumó un total aproximado de 10 millones de dólares, período en el cual obtuvo 44 licitaciones de obra pública nacional.

En el plano internacional, el gigante brasileño Sabesp (que opera el servicio en San Pablo) participó de las consultas técnicas y evalúa presentar una propuesta. También estuvo activa la estatal israelí Mekorot, aunque en el sector estiman que su rol se limitará al de garante de prestigio técnico internacional más que al de operador directo de la red. En tanto, la francesa Veolia se mantendría al margen de forma directa, canalizando el interés a través de los socios de su filial local.

Inversiones millonarias y metas operativas bajo la lupa

El esquema financiero diseñado por el Ministerio de Economía de la Nación prevé recaudar unos US$ 450 millones mediante la venta del 90% de las acciones de AYSA. El 10% restante se destinará al Programa de Propiedad Participada (PPP) para los trabajadores de la empresa. El pliego de condiciones garantiza que el Convenio Colectivo de Trabajo vigente se mantendrá sin modificaciones hasta su vencimiento en 2028.

La privatización se estructuró bajo la modalidad de venta sin base y sin precio mínimo público, delegando la valuación final en la competencia efectiva de los oferentes. El contrato de concesión por 30 años exige un plan de inversiones total de US$ 15.040 millones, divididos en US$ 1.940 millones para el primer quinquenio y US$ 2.030 millones para el segundo.

A pesar del volumen de inversión requerido, las metas de expansión del servicio para los primeros diez años son llamativamente modestas. El pliego estipula un incremento de la cobertura de agua potable de apenas el 75,3% al 78,9%, mientras que el servicio de cloacas pasará del 63,9% al 65,3%. La mejora en la presión de agua —uno de los reclamos crónicos en el sur del conurbano bonaerense— pasará del 58% al 67% de cobertura satisfactoria al cabo de una década.

Las obras demoradas y los puntos críticos del contrato

El diseño del contrato de concesión posterga las obras de infraestructura más complejas y costosas para después de la primera década de gestión privada. Proyectos clave como el Río Subterráneo Tramo 2, la nueva toma de agua de Bernal y las cuatro plantas de tratamiento de efluentes cloacales proyectadas para Campo de Mayo, Laferrere, Pilar y Escobar —con costos estimados de entre 150 y 560 millones de dólares— recién serán de ejecución obligatoria a partir del undécimo año de concesión.

Especialistas del sector advierten sobre tres baches estructurales en las condiciones del pliego. En primer lugar, el contrato no garantiza la universalización del servicio en sus 30 años de vigencia, postergando esa meta para una eventual prórroga contractual. En segundo término, la planta de Berazategui, fundamental para la disposición de efluentes del conurbano, solo tiene comprometidos estudios preliminares durante el segundo quinquenio. Finalmente, la resolución del problema de presencia de nitratos en la red de agua potable recién se proyecta para el año 2041, completando un esquema centrado más en la estabilización operativa que en el crecimiento de la red.