Libertad de prensa: la Argentina de Milei y el EE.UU. de Trump no firmaron una declaración internacional clave
En un nuevo posicionamiento geopolítico que marca distancia de los consensos internacionales tradicionales, el gobierno de Javier Milei decidió no firmar la última declaración de la Media Freedom Coalition en favor de la libertad de prensa. Con esta postura, la gestión argentina coincidió únicamente con los Estados Unidos de la administración republicana de Donald Trump, convirtiéndose en las dos únicas naciones de la alianza de 51 miembros que rechazaron rubricar el documento emitido en mayo pasado.
Una alianza global para proteger el periodismo
La Media Freedom Coalition es una alianza global creada en julio de 2019 con el objetivo de defender la libertad de prensa tanto a nivel nacional como internacional. La organización, que actualmente funciona bajo la copresidencia de Finlandia y el Reino Unido, vela por la seguridad de los trabajadores de prensa y exige que rindan cuentas aquellos que obstaculizan su labor. A pesar de formar parte de este foro, la Argentina y los Estados Unidos optaron por marginarse del último pronunciamiento conjunto.
El texto que la gestión de Milei evitó respaldar enfatiza el «papel vital, aunque cada vez más peligroso» que desempeñan los periodistas en situaciones de conflicto, y remarca la estrecha relación entre la existencia de una prensa libre y la seguridad global. Según el documento, los medios independientes y pluralistas son esenciales para conseguir y mantener la paz, además de funcionar como un canal de información veraz y oportuna que puede salvar vidas en contextos de crisis.
Violencia extrema y el chaleco de «PRENSA» como objetivo
La declaración no firmada por el Ejecutivo nacional advierte sobre un deterioro sistemático de las condiciones de trabajo para los comunicadores de todo el mundo. En ese sentido, cita datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que reportó el asesinato de 129 periodistas y trabajadores de prensa en 2025, transformándolo en el año más mortífero desde que se iniciaron estos registros hace más de tres décadas.
El documento expresa con preocupación cómo han cambiado las condiciones de seguridad en el territorio para quienes realizan coberturas de riesgo:
“El peligro al que se enfrentan va en aumento (…) en la práctica, donde antes un chaleco con la palabra ‘PRENSA’ ofreciía protección, ahora suele ser vista como un objetivo”.
Asimismo, la coalición internacional alertó sobre la proliferación del «creciente acoso online» —con especial impacto sobre las mujeres periodistas—, la censura estatal, las presiones financieras y el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para propagar desinformación que socava la confianza pública. Por ello, el texto finaliza con un llamado urgente a los Estados para proteger a los reporteros y combatir la impunidad de los crímenes en su contra.
La relación del Gobierno con los medios de comunicación
La decisión de no acompañar la declaración se produce en medio de una relación tensa entre la administración de La Libertad Avanza y el periodismo local. Desde el inicio de su mandato, el presidente Javier Milei y diversos funcionarios de su gabinete han protagonizado cruces discursivos, descalificaciones y hostilidades hacia la prensa, lo que motivó reiterados cuestionamientos de entidades de la sociedad civil como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
Entre los episodios más conflictivos a nivel institucional se destaca la orden del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de clausurar la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada bajo la sospecha de un supuesto espionaje, denuncia que posteriormente fue desestimada por la Justicia federal. Aunque el espacio fue reabierto, se mantienen restricciones para el trabajo cotidiano de los acreditados en la sede de gobierno.
A diferencia de la postura adoptada por la Argentina y Estados Unidos, el documento de la coalición sí recibió el respaldo de los restantes 49 miembros, entre los que se encuentran países de la región como Chile, Uruguay, Costa Rica y Honduras, además de potencias europeas como Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.
