Universidades: nueva pulseada por el presupuesto y el fantasma de una marcha masiva

La comunidad universitaria argentina se moviliza una vez más en reclamo por el presupuesto asignado, en un nuevo capítulo de la tensa relación con el gobierno de Javier Milei. El foco de esta cuarta marcha es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que exige la actualización mensual de los fondos de las casas de altos estudios por inflación, una norma sancionada y sostenida por el Congreso el año pasado.

El Ejecutivo, en una clara señal de su determinación, llevó la disputa a la Corte Suprema de Justicia al presentar un recurso extraordinario. Esta acción suspendió una medida cautelar que obligaba a la actualización de salarios y becas, ratificada dos veces tras un planteo de los rectores universitarios, dejando la decisión final en manos del máximo tribunal. La pulseada promete instalarse nuevamente en la agenda pública, con argumentos cruzados y acusaciones mutuas que recuerdan la llamada «batalla cultural»: desde «curros» y resistencia a auditorías hasta adoctrinamiento por parte del Gobierno, y la búsqueda de un cierre de las universidades por parte de algunos sectores.

En este escenario, con imágenes de clases públicas, paros y reclamos de los hospitales universitarios viralizándose, la sociedad civil busca comprender el alcance de la problemática, en medio de la discusión de cifras que circulan desde ambos lados del conflicto.

El ajuste presupuestario y la caída salarial

Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario experimentó una caída del 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. El presupuesto vigente para este año profundiza esta tendencia, con fondos que se mantienen prácticamente sin modificaciones. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), esto implicaba un aumento real de apenas 0,8% asumiendo proyecciones macroeconómicas de un presupuesto que ya no se cumplió, lo que anticipa un ajuste aún mayor.

Al presentar el presupuesto 2026, el presidente Milei enumeró las universidades como un tema sensible, prometiendo asignar $4,8 billones. Este monto representa un aumento nominal del 14% respecto al presupuesto previsto para 2025 ($4,2 billones), pero está muy lejos de los $7,3 billones solicitados por los rectores para el funcionamiento de las universidades. Por un año más, el presupuesto asignado equivale a la mitad de lo pedido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El Gobierno justifica su resistencia a aplicar la ley en nombre del equilibrio fiscal, argumentando que no lo hará hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento y que su cumplimiento «quiebra al Estado». En la apelación ante la Corte, el Ejecutivo citó un informe del Ministerio de Economía que señala que cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado. Esto, advirtieron, implicaría una «parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado», incluyendo la suspensión de patrullajes federales, la provisión de alimentos en cárceles y el cierre de juzgados federales y cámaras legislativas.

La marcha que cambió el escenario y el impacto en los salarios docentes

El reclamo por fondos universitarios ya había movilizado a una multitud en abril de 2024, en la primera gran marcha contra la administración libertaria. En ese momento, la demanda se centraba en la actualización de los gastos de funcionamiento, que representan cerca del 10% de las partidas mensuales. El 90% restante se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias.

Aquella movilización del 23 de abril, impulsada por imágenes de universidades a oscuras para ahorrar energía, congregó a cerca de 430.000 personas, según cálculos de LA NACION. La contundencia del reclamo obligó al Gobierno a dialogar y conceder un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento, dado que el presupuesto de 2024 se había prorrogado desde 2023.

A partir de entonces, los salarios docentes se convirtieron en la principal variable de ajuste. Son los más bajos de los últimos 23 años, según el CIN, acumulando una caída cercana al 33% real respecto a noviembre de 2023, una reducción mayor al promedio del sector público (18%).

«En los hechos supone la necesidad de más que duplicar el salario vigente para poder cumplir la ley. De cada dos pesos que deberían estar cobrando hoy los profesores universitarios, los no docentes, los directivos, cobran uno y el otro se lo queda el Ejecutivo que no está cumpliendo con la ley», graficó Javier Curcio, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e Investigador IIEP Baires – UBA Conicet.

Los sueldos varían según el cargo y la dedicación. Por ejemplo, un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, que hoy percibe $1.060.054, debería ganar $1.612.159 (ajustado por inflación) para recuperar su poder adquisitivo. Las autoridades universitarias alertan sobre un «éxodo de profesores» formados hacia el sector privado, donde los salarios pueden cuadruplicar los actuales. Según el CIN, ya renunciaron 10.000 docentes. Solo en la UBA, se registraron 103 renuncias en Veterinaria, más de 100 en Agronomía, 342 en Ingeniería y 438 en Exactas, sumándose a los colegios preuniversitarios.

«Es un goteo. Estamos perdiendo los docentes más viejos y los más jóvenes. El principal problema que tenemos ahora es que las generaciones jóvenes están abandonando la universidad. Por lo tanto, el problema no es solo ahora, sino que, si esto sigue, vamos a tener un gran problema hacia el futuro», describió Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

El decano graficó la situación al señalar que el sueldo de un docente jefe de trabajos prácticos, con dedicación exclusiva, 10 años de antigüedad y un doctorado, apenas alcanza el valor de la canasta básica total.

Desde el Gobierno, y en la antesala de la cuarta marcha, se cuestiona la naturaleza del reclamo.

«Hay una demanda genuina de salarios que nosotros podemos entender, pero las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política», sostuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, apuntando a reuniones de rectores con figuras como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la CGT.

Hospitales universitarios, un nuevo eje de tensión

En esta renovada pulseada, el reclamo por los hospitales universitarios adquirió especial relevancia. Centros dependientes de la UBA, como el Hospital de Clínicas José de San Martín, denunciaron la semana pasada que podrían dejar de funcionar en 45 días si no reciben los fondos nacionales necesarios.

«Fuimos apagando el hospital», afirmó Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, describiendo recortes en seguridad, limpieza y compras de medicamentos.

Según las autoridades hospitalarias, el Gobierno no envió los fondos para su funcionamiento en lo que va del año, una partida de casi $80.000 millones, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril. La UBA reclama específicamente $75.371.896.068 de esa partida.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, respondió que considera «inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución».

El dinero para los hospitales está contemplado en un ítem del presupuesto universitario que requiere autorización administrativa extra del Ejecutivo. Existe otro ítem, «función salud» ($34.505.738.992), vinculado a carreras de Medicina pero que puede usarse para hospitales. Desde la UBA, explican que el Gobierno transfirió el dinero de «función salud», pero el monto correspondiente a «hospitales universitarios» es el que aún no fue enviado. El Ministerio de Capital Humano señaló que los $75.371.896.068 reclamados por la UBA representan el 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional.

En las últimas horas, Pettovello y Álvarez prometieron crear una comisión para rediseñar un nuevo criterio de distribución del presupuesto para hospitales universitarios de todo el país, buscando una solución a este nuevo foco de conflicto.