Deuda: la «letra chica» de los US$3200 millones que Caputo usará para pagar vencimientos
El Gobierno nacional publicó este miércoles los detalles de los dos préstamos garantizados por organismos multilaterales que suman US$3200 millones, con los que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca afrontar próximos vencimientos de la deuda en dólares del Tesoro y construir un “colchón” financiero.
Las resoluciones conjuntas 40 y 41 de las Secretarías de Hacienda y Finanzas aprobaron la documentación correspondiente al préstamo por US$2000 millones garantizado por el Banco Mundial y al crédito por US$1200 millones con garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Posteriormente, la resolución conjunta 42 corrigió un error material en la identificación de uno de los bancos participantes, sin alterar las condiciones financieras de la operación.
Estos contratos revelan cómo se estructuró el principal esquema de financiamiento con el que la cartera económica planea cerrar su programa financiero hasta las próximas elecciones. Además, identifican a los bancos que aportarán los fondos, detallan las comisiones por estructurar el financiamiento y exponen las principales condiciones aceptadas por Argentina para acceder a estos créditos.
Las condiciones financieras de ambos créditos fueron anticipadas el lunes por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante la presentación del programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027. El préstamo de US$2000 millones garantizado por el Banco Mundial tendrá una tasa cercana al 6,3% anual, un plazo de seis años y tres años y medio de gracia. Por su parte, el crédito de US$1200 millones respaldado por el BID contará con una tasa del 7,75%, un plazo de diez años y el mismo período de gracia. Estas tasas se ubican por debajo del rendimiento cercano al 9% anual que hoy exigiría una emisión soberana tradicional en los mercados internacionales.
El Ministerio de Economía también trabaja en nuevas operaciones similares por alrededor de US$1000 millones adicionales, lo que refuerza la estrategia oficial de evitar, por el momento, la emisión de deuda en Wall Street.
Bancos participantes y comisiones
La operación por US$2000 millones cuenta con una garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial, junto con el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En esta participan como prestamistas BBVA New York Branch y Banco Santander S.A., mientras que The Bank of New York Mellon (BNY) actúa como agente administrativo.
Para este préstamo, BBVA y Santander cobrarán una comisión de estructuración equivalente al 0,50% del monto total, lo que representa US$10 millones. No se clarificó cómo se dividirá este monto entre ambas entidades.
La segunda operación, por US$1200 millones, está respaldada por una garantía parcial del BID. El prestamista seleccionado fue Deutsche Bank AG, London Branch, y BNY también se desempeña como agente administrativo. Para este crédito, Deutsche Bank recibirá una comisión inicial (upfront fee) equivalente al 0,5% del monto comprometido, lo que suma aproximadamente US$6 millones.
En conjunto, ambas operaciones implican alrededor de US$16 millones en comisiones de estructuración. Además, el Gobierno aprobó los acuerdos de honorarios correspondientes a Bank of New York Mellon por su función como agente administrativo.
Condiciones y compromisos
Los contratos establecen que los recursos podrán destinarse a financiar el Presupuesto General de la Nación y a afrontar las comisiones, honorarios y demás gastos vinculados con las propias operaciones. Si bien los desembolsos ingresarán antes del pago de bonos previsto para este jueves, el Tesoro ya contaba con la mayor parte de los recursos necesarios. El objetivo principal es reforzar la posición financiera de cara a los compromisos de deuda de 2026 y, especialmente, de 2027.
Como es habitual en este tipo de financiamiento internacional, los contratos aplican la legislación y la jurisdicción de Nueva York para resolver eventuales demandas. Sin embargo, las resoluciones aclararon que esta prórroga de jurisdicción no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución sobre los bienes públicos protegidos por la legislación argentina, una condición autorizada previamente para este tipo de préstamos garantizados por organismos multilaterales.
Además de las cláusulas financieras, los contratos incorporan compromisos como el mantenimiento de la membresía de Argentina en el FMI y en los organismos multilaterales que respaldan los créditos, el cumplimiento de normas internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y anticorrupción, y la obligación de mantener la igualdad de trato (“pari passu”) respecto de otras deudas soberanas no garantizadas.
