Fuerte alerta por el «Súper RIGI»: critican la falta de estimaciones oficiales sobre costos y beneficios

Los regímenes de promoción de inversiones e incentivos fiscales son herramientas comunes en la política económica global, con potencial para impulsar el empleo, la tecnología y las exportaciones. Sin embargo, también conllevan riesgos significativos y costos elevados para el Estado, que renuncia a recursos que podrían financiar otras políticas públicas. En este contexto, el tratamiento del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y su ampliación, el denominado “Súper RIGI”, genera preocupación por la ausencia de evaluaciones que respalden su implementación.

Cada exención o reducción tributaria implica una merma en la recaudación estatal. Además, estos regímenes suelen incluir garantías de estabilidad regulatoria y fiscal que limitan la capacidad del Estado para modificar la legislación por décadas, y cláusulas de arbitraje internacional que pueden derivar en litigios millonarios en el extranjero. Un riesgo adicional es la redundancia: cuando un incentivo subsidia inversiones que se habrían realizado de todos modos, el Estado simplemente transfiere recursos públicos sin generar un beneficio adicional.

La evidencia internacional sugiere que los gobiernos tienden a sobreestimar el impacto de estos incentivos, ya que las empresas suelen priorizar otros factores al decidir dónde invertir. Por ello, la pregunta clave es si los beneficios económicos esperados justifican los costos y riesgos asumidos.

La ausencia de evaluaciones ex ante

Las buenas prácticas internacionales recomiendan realizar evaluaciones ex ante antes de aprobar regímenes de promoción. Estos análisis, técnicamente complejos, buscan responder preguntas fundamentales: ¿cuál será el costo fiscal esperado? ¿Cuánta inversión adicional se generará? ¿Quiénes serán los beneficiarios y qué sectores se verán alcanzados? ¿Cuáles serán los efectos directos e indirectos sobre el empleo, la innovación, el desarrollo de proveedores locales, las exportaciones o el medio ambiente? Y, en definitiva, ¿cuál es el balance esperado entre costos y beneficios?

Estos estudios, aunque no eliminan la incertidumbre, permiten que las decisiones públicas se basen en evidencia y no solo en expectativas. Es en este punto donde el proceso seguido con el RIGI y el “Súper RIGI” resulta llamativo y, para los expertos, preocupante. A pesar de ser dos de los programas de incentivos fiscales más ambiciosos de las últimas décadas, el Gobierno no publicó una evaluación que estimara su impacto económico ni su costo fiscal. Tampoco acompañó la discusión con escenarios alternativos o análisis de sensibilidad sobre inversión, empleo o recaudación.

Aún más preocupante es que el Congreso de la Nación haya aprobado el RIGI y otorgado media sanción al “Súper RIGI” sin contar con un informe oficial que analice estos aspectos de manera detallada. La postura oficial para justificar la falta de estimaciones sobre el costo fiscal fue que no se compromete el equilibrio fiscal porque las inversiones beneficiadas no existirían sin el RIGI. Sin embargo, esta afirmación confunde la supuesta efectividad del régimen con la obligación de estimar e informar su costo fiscal, y asume que no hay riesgo de redundancia, una hipótesis que debería evaluarse y no asumirse como un hecho.

El estudio del CEPA y la incertidumbre sobre el costo fiscal

La falta de información sobre la pérdida de recaudación generada por un incentivo fiscal no puede justificarse en buenas intenciones o expectativas sin respaldo empírico. El único estudio disponible con una estimación del costo fiscal esperado del RIGI fue realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Este cálculo estima que los proyectos incorporados al RIGI implicarían una pérdida de recaudación de entre 1.307 y 2.362 millones de dólares anuales, suponiendo que todos alcancen su plena producción entre 2030 y 2033 y dependiendo del nivel de exportaciones y los precios de las commodities.

Esta estimación se basó en 12 proyectos aprobados y una inversión total de 26.680 millones de dólares. Sin embargo, la página oficial del RIGI, publicada por el Ministerio de Economía, indica que actualmente existen 17 proyectos aprobados y otros 24 en evaluación, con inversiones comprometidas significativamente superiores. Esto sugiere que el costo fiscal anual podría ser considerablemente más elevado. Además, el estudio del CEPA fue publicado en mayo de 2026, casi dos años después de la aprobación del RIGI, por lo que no pudo servir de insumo para el debate legislativo.

Las políticas de promoción de inversiones son herramientas legítimas y, a menudo, necesarias. Pero precisamente porque comprometen recursos públicos significativos, deben someterse a estándares rigurosos de evaluación. Una buena política no se define únicamente por sus objetivos deseados, sino también por la calidad de la evidencia que la respalda. Cuando esa evidencia falta, incluso los mejores objetivos corren el riesgo de convertirse en apuestas costosas para el país.

El RIGI fue aprobado a ciegas. El Congreso todavía está a tiempo de no volver a saltar al vacío con el “Súper RIGI” y suspender su tratamiento hasta que el Gobierno publique un análisis ex ante sólido y transparente sobre sus costos y beneficios esperados. Sin ese análisis, la Argentina seguirá viviendo sólo de buenas intenciones.

Así lo expresaron Redonda, economista y codirector del Laboratorio de Gastos Tributarios, y Del Rosario Lago, abogada y analista de políticas en el International Institute of Sustainable Development (IISD), en un llamado a la acción para el Congreso.