Ajuste en la CNEA: denuncian casi 100 despidos y el Gobierno defiende la reducción de personal

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se convirtió en el nuevo epicentro del ajuste en el sector público, con denuncias de despidos masivos que afectan a cerca de un centenar de empleados. Mientras los trabajadores protestan y alertan sobre el desmantelamiento del organismo, las autoridades defienden la medida como parte de un plan de modernización y reducción del gasto.

La tensión escaló este martes cuando decenas de trabajadores de la CNEA comenzaron a recibir notificaciones de vencimiento de sus contratos a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Estos contratos, que solían renovarse cada tres meses, no serán extendidos en esta ocasión, dejando a los afectados sin empleo a partir de mañana, según informó la comisión interna del organismo.

Las cifras en disputa y la respuesta gremial

Desde la comisión interna, se detalló que las notificaciones se multiplicaron mientras las autoridades de la CNEA se negaban a recibir a los representantes gremiales. Los trabajadores despedidos estimaron que la medida afectó al menos al 20% de los 350 contratados que operaban en la entidad. En paralelo, la Gendarmería Nacional custodia el interior del edificio, mientras los empleados mantienen una protesta pacífica exigiendo la renovación de todos los contratos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elevó la denuncia, indicando que los despidos rondan los 100 trabajadores. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, posteó en la red social X que las desvinculaciones “afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”.

«Hemos decidido llevar adelante una permanencia pacífica en la sede central de la CNEA hasta que su presidente Martín Porro y su equipo decidan salir a dar explicaciones. Están escondidos y evitando darla cara ante los trabajadores. Además, las protestas se multiplican en las sedes del organismo en todo el país», indicó Aguiar.

El sindicalista también denunció lo que considera un «claro intento de desmantelamiento que permita la privatización del organismo», enfatizando que Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur con energía eléctrica nuclear y que se busca desarmar un proyecto soberano. Aguiar también reportó una “brutal represión” en la CNEA, exigiendo respuestas y anunciando la profundización de las medidas de acción directa.

La versión oficial: «contratos no renovados» y achicamiento estatal

En contraposición a las denuncias, Martín Porro, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ofreció la versión oficial. Porro desmintió la cifra de un centenar de desvinculados, afirmando que se trató de 61 contratos que vencieron y que no fueron renovados. «A pesar de los disturbios en la Sede Central de la CNEA, generados hoy por un grupo de manifestantes gremiales, quiero informar al sector nuclear argentino que no hubo despidos de personal científico ni estratégico. Sobre un universo de más de 300 contratados, se decidió no renovar 61 agentes que permanecían en la modalidad de ‘plazo fijo’”, comunicó Porro en su cuenta de X.

«La totalidad de esos contratos habían sido incorporados durante el año 2023 por la gestión de Adriana Serquis y desempeñaban funciones mayoritariamente administrativas», explicó y aclaró que «la medida forma parte de una serie de cambios que está implementando nuestra gestión desde su inicio, cuyo objetivo central es el crecimiento y la modernización de una estructura organizativa que necesita mayor dinamismo en todos sus proyectos».

Porro enfatizó que la mayoría de los desafectados contaban con nivel secundario o primario y que “ningún operador licenciado, investigador, ni personal especializado fue desvinculado”. El funcionario aseguró que el objetivo es “potenciar la CNEA, no disminuirla” y que la intervención de Gendarmería se dio para proteger al personal e instalaciones ante lo que describió como un “ingreso violento e ilegal” al edificio por parte de un grupo “fogoneado por la política”.

Paralelamente a estos hechos, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó su primera conferencia de prensa, donde detalló el alcance del ajuste en la administración pública nacional. Ravier informó que en mayo se eliminaron 3.014 puestos, elevando a 71.025 la cantidad de empleados que salieron del sector público desde el inicio de la gestión de Javier Milei. «El equilibrio fiscal, por el lado de la reducción del gasto público, hizo posible la estabilización económica y el subsecuente retorno del crecimiento”, afirmó.

Ravier también indicó que la CNEA redujo su estructura en un 57,83%, pasando de 645 a 272 cargos. Además, señaló que 3.983 trabajadores adhirieron a planes de retiro voluntario en diversos organismos y empresas públicas. La gestión actual, según el vocero, disminuyó en un 36% la cantidad de autoridades superiores y generó un ahorro anual superior a los 2.505 millones de dólares por la reducción de personal, estructuras y alquileres.