Agenda de desregulación: el Gobierno acelera cambios en transporte fluvial, seguros y rutas

Tras un período en el que la agenda pública se vio dominada por otras cuestiones, el Gobierno de Javier Milei, a través de sus “desreguladores”, retoma la iniciativa con un paquete de proyectos que prometen cambios profundos en diversos sectores clave de la economía argentina. La intención es clara: controlar la conversación pública con temas propios y avanzar en la flexibilización de mercados.

Entre las iniciativas que comienzan a tomar forma, se destacan modificaciones en el mercado de capitales, una reestructuración de la ley de seguros, el avance en licitaciones de rutas y, quizás la más ambiciosa, la desregulación del transporte de cabotaje fluvial y marítimo entre puertos argentinos. Fuentes oficiales confirman que “algunos por decreto, otros al Congreso, pero se avanzará rápido”.

Transporte fluvial y marítimo: buques contra camiones

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha anunciado que la desregulación del transporte comercial por barco entre puertos argentinos es uno de los ejes centrales. El objetivo es fomentar el transporte a granel por agua para “bajar el desmedido costo logístico que tiene la Argentina”, según explican desde el Gobierno.

Este proyecto, que será enviado al Congreso, busca una apertura de la navegación comercial marítima y fluvial, permitiendo que buques con bandera y tripulación extranjera operen entre dos puertos locales. La propuesta se basa en el precedente del mercado aerocomercial, donde aviones con matrícula extranjera ya operan en vuelos de cabotaje. Esto implica que el régimen jurídico aplicable (registración, ley laboral, impositivo) será el de la bandera de matrícula del buque.

La iniciativa no es menor y se perfila como un enfrentamiento directo con los intereses de las empresas de navegación argentinas, los sindicatos del sector, profesiones como los prácticos (guías idóneos que asesoran a los capitanes al ingresar a puertos) y, de manera significativa, el sector camionero. El Gobierno busca reducir el peso del transporte terrestre en la logística de insumos clave, como la arena para Vaca Muerta, que actualmente viaja en centenares de camiones desde Entre Ríos a Neuquén, o el transporte de granos en la Hidrovía.

“Se trata de una manera de fomentar el transporte a granel por agua, para bajar el desmedido costo logístico que tiene la Argentina”, dice uno de los desreguladores de Milei.

Reforma del sistema de seguros

Otro frente de desregulación apunta a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el organismo que controla y autoriza toda la actividad aseguradora. La intención es cambiar el foco de la SSN, que actualmente requiere autorización para una vasta gama de trámites, hacia la solvencia de las empresas que ofrecen contratos de seguros.

La fórmula que persigue el Gobierno es flexibilizar la aprobación de nuevos productos en el mercado, concentrando los controles en la fortaleza financiera de las compañías. “Hasta para cambiar un potus de lugar le tienen que pedir permiso”, graficaba con ironía uno de los funcionarios que trabaja en el asunto, ilustrando el nivel actual de regulación.

Mercado de capitales y rutas

En paralelo, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, maneja una reforma del mercado de capitales, un tema que se gestiona con hermetismo. Por su parte, en el ámbito de Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, se trabaja en la modificación de artículos del Código Civil y Comercial, especialmente vinculados al proyecto de ley de Propiedad Privada.

Respecto a la infraestructura vial, se estima que en las próximas semanas concluirán las concesiones de mantenimiento de rutas nacionales. Tras este proceso, se lanzará una nueva serie de licitaciones que abarcarán alrededor de 6000 kilómetros. A diferencia de las actuales, estas nuevas concesiones sí preverán obras de ampliación, sumando uno o dos carriles en corredores clave.

Estas iniciativas forman parte de la agenda reformista anunciada por el presidente Milei el 1° de marzo en la apertura de sesiones del Congreso, que había quedado demorada por cuestiones políticas internas. La Casa Rosada busca ahora recuperar el control de la agenda legislativa y de gestión con estas propuestas de alto impacto.