Decreto 482/2026: El Gobierno «rigiza» la Ley de Inversiones Mineras y busca revitalizar la exploración
El Gobierno nacional publicó el Decreto 482/2026, una medida que actualiza de manera integral el reglamento de la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196, vigente desde 1993. Esta modificación, que va más allá de una simple modernización administrativa, busca alinear el régimen minero histórico con los estándares de flexibilidad y seguridad jurídica que caracterizan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La decisión cobra especial relevancia considerando que el RIGI tiene un plazo de adhesión limitado hasta el 8 de julio de 2027 y ya utilizó su única prórroga posible. La estrategia del Poder Ejecutivo parece ser preparar el terreno para que la Ley de Inversiones Mineras pueda cubrir el vacío que dejará el RIGI una vez que expire, manteniendo así un marco atractivo para las grandes inversiones en el sector.
Simplificación clave para la exploración
Uno de los puntos más significativos del decreto es la simplificación de la devolución acelerada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un beneficio crucial para las empresas exploradoras. Hasta ahora, las compañías debían notificar previamente los trabajos exploratorios y presentar una extensa documentación para acceder al reintegro. El nuevo decreto elimina esa obligación y limita la documentación exigible a facturas y comprobantes de pago, impidiendo que la autoridad de aplicación requiera información adicional salvo la estrictamente necesaria.
Este cambio no es menor, ya que la etapa de exploración es la más riesgosa y requiere una mayor intensidad de capital inicial en la industria. Las empresas junior, que son las principales impulsoras de la exploración, operan con márgenes ajustados y cualquier demora en la recuperación del crédito fiscal puede paralizar un programa de perforación o incluso inviabilizar un proyecto. Argentina enfrenta un déficit estructural de exploración que se traduce en una escasez de nuevos proyectos para reemplazar las minas de oro y plata de Santa Cruz, cuyas operaciones se proyectan cerrar en los próximos cinco años y que hoy sostienen gran parte de las exportaciones minerales del país.
Coincidencias con el RIGI y futuras demandas
Las similitudes entre el decreto y el RIGI no son casuales. La nueva normativa incorpora a la Ley 24.196 varios de los rasgos distintivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: la simplificación de importaciones mediante declaraciones juradas en lugar de autorizaciones previas, el carácter declarativo de la estabilidad fiscal y la digitalización integral de los trámites. Además, por primera vez, se introduce una definición formal de «proyecto minero» como unidad de análisis para las presentaciones anuales, un concepto análogo al Vehículo de Proyecto Único del RIGI.
En este contexto, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ya trabaja en un documento de propuestas para elevar al Gobierno. El planteo central del sector es que la Ley 24.196 incorpore, al menos en algún porcentaje, la libre disponibilidad de divisas y la posibilidad de litigar en el exterior, aspectos que el RIGI ofrece y que son fundamentales para la seguridad jurídica que atrae a los inversores. Si bien el decreto es un paso en esa dirección, el sector considera que, sin estos avances adicionales, el marco legal seguirá siendo insuficiente para competir con otras jurisdicciones mineras de la región.
La elaboración del decreto fue un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación, ARCA y la Jefatura de Gabinete, y no solo por la Secretaría de Minería. Esto sugiere que la reforma se enmarca en una estrategia de política económica más amplia del Gobierno. La Autoridad de Aplicación cuenta ahora con un plazo de 60 días para dictar las normas complementarias necesarias.
