Investigan red de coimas para obtener dólares y SIRA en el gobierno de Fernández

Una investigación judicial que se inició a partir de una disputa entre operadores del mercado informal de divisas, conocidos como “cueveros”, se transformó en una causa de alto impacto político. La Justicia rastrea una sofisticada red de maniobras para obtener dólares al tipo de cambio oficial y facilitar importaciones a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el gobierno de Alberto Fernández, en pleno cepo cambiario.

La pesquisa, que en sus inicios indagaba la posible vinculación entre financistas y funcionarios del Banco Central, ahora incorpora el “circuito paralelo” para autorizar importaciones. Los investigadores judiciales poseen chats y audios que revelan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito que oscilaba entre el 10 y el 15% de las importaciones gestionadas.

En el centro de la trama se encuentra Martín Migueles, un joven que comenzó como ladero de Elías Piccirillo, el financista conocido como el “rey del blue”. Alrededor de Migueles, aparecen en las comunicaciones “la vieja del Central”, “la señora” y “Pato”, sobrenombres utilizados en los chats para identificar a los presuntos cómplices que conseguían dólares baratos o agilizaban los trámites de importación a cambio de un sistema aceitado de coimas.

Funcionarios bajo la lupa

La Justicia, antes de levantar el secreto de sumario, solicitó la identificación de los funcionarios que intervinieron en una serie de operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la ex-AFIP y el Banco Central. Estas dependencias estaban entonces bajo la dirección de Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente.

Deberá aportarse un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes.

Estos oficios fueron enviados a los tres organismos. Sin embargo, una fuente de la investigación señaló que las respuestas fueron parciales: “Contestaron parcialmente, dijeron que la autorización final era de la Secretaría de Comercio, pero faltan los nombres”.

Específicamente, se pidió información sobre los trámites realizados por tres empresas: Nemes Fuentes N. y Mazzarini S. S.H, Técnicas Ferroviarias Argentina (TEFASA) –propiedad de Miguel Ángel Jiménez, exvicepresidente de Racing– y Fizika S.R.L. Con esta información, la fiscalía a cargo de Franco Picardi busca escalar en la cadena de responsabilidades del presunto “circuito paralelo”.

Chats y conexiones políticas

Las pruebas clave surgieron de la extracción del teléfono de Martín Migueles. El expediente expone una trama con personas que tenían llegada a esferas gubernamentales. Un ejemplo es “la señora”, quien “presumiblemente tendría intervención en áreas estatales vinculadas con la evaluación o aprobación de dichas solicitudes” en la Secretaría de Comercio y otros organismos del circuito SIRA.

El 2 de marzo de 2023, Ariel Saponara, un abogado con vínculos policiales que figuraba en LinkedIn como personal de Presidencia de la Nación (página que cerró tras la difusión de su nombre), contactó a Migueles para liberar declaraciones de importación. Migueles le respondió: “Si, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”.

Tras el encargo de Saponara, Migueles se comunicó con “el Pipo”, identificado por la Justicia como Héctor Ezequiel Caputto. Según la investigación, Caputto se encargaba de “canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación”. Los clientes se multiplicaban; en una conversación, Migueles menciona a un cliente que es “muy amigo del manco”, aludiendo a Daniel Scioli. Fuentes judiciales aclararon que Scioli no forma parte de los investigados.

La presunta ganancia se calculaba con precisión. En un trámite de autorización SIRA, se detalla que la mercadería a importar costaba $54.600. Caputto le explicó a Migueles: “Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro”.

El rol del Banco Central y el funcionario de Tigre

Si bien allegados a la gestión de Pesce en el BCRA negaron la existencia de un “circuito paralelo”, el expediente revela que hay cinco funcionarios de ese organismo investigados por el mercado del blue. Una de ellas, Romina García, aseguró en una conversación grabada clandestinamente por Elías Piccirillo que había “gente de arriba entongada”. Interrogada por el BCRA, García afirmó que lo dijo “porque estaba nerviosa” y que no tenía pruebas, dispuesta a rectificarse en la Justicia. Según sumarios del BCRA, el circuito del blue movió al menos US$900 millones.

Los chats en el teléfono de Migueles también revelan una gestión para habilitar la agencia ARG Exchange, donde convivieron Piccirillo, Migueles y Matías Bocca. Según un sumario del BCRA, esta agencia vendió US$250 millones a otras entidades sin justificar el origen de los fondos. La gestión habría estado a cargo de Daniel Chiliutti, un histórico funcionario de la Municipalidad de Tigre, quien negó tener conocimiento de la causa.

La auditora clave y la disputa judicial

En otro tramo de la investigación, tras la detención de Elías Piccirillo, Francisco Hauque, otro financista, se queja en un chat con Migueles: “Hay que prender el ventilador. Ya está amigo. Vallejos Fernández. Todos unas mierdas. Que vayan todos presos. Me cansé”. “Vallejos” sería Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y “Fernández” alude a Valeria Fernández, una contadora que firmó los estados contables de unas 10 casas de cambio sospechadas. Para el fiscal Picardi, Fernández podría ser un eslabón clave en la maniobra del blue, por lo que se ordenó su allanamiento y el secuestro de dispositivos para peritar.

La contadora Fernández también está siendo investigada en otro expediente a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. El juez Ariel Lijo solicitó a Servini que se inhiba de seguir avanzando en esa causa, mientras que un tercer expediente por la maniobra del dólar blue está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. La disputa por la competencia promete escalar hasta la Cámara de Casación, dada la magnitud de los intereses en juego.