Acuerdo con holdouts: el oficialismo avanza en Diputados para pagar US$171 millones a Bainbridge y Attestor
El oficialismo en la Cámara de Diputados consiguió este miércoles el respaldo necesario para emitir dictamen favorable al proyecto que autoriza el pago de US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor. Estos dos acreedores se encuentran entre los principales holdouts que mantienen litigios activos contra la Argentina desde el default de 2001. Con el apoyo de sus aliados habituales, el oficialismo dejó la iniciativa lista para su tratamiento en el recinto.
La intención del Gobierno era llevar a cabo una sesión con temario propio la próxima semana. Sin embargo, la convocatoria de la oposición a una sesión especial para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la posibilidad de una moción de censura, generaron un recalculo en la hoja de ruta parlamentaria libertaria.
El proyecto gubernamental obtuvo 42 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Justicia. El respaldo provino de bloques como el PRO, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), e Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan), que agrupan a referentes de gobernadores aliados. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.
Detalles del acuerdo y defensa oficial
El acuerdo en cuestión contempla el desembolso de US$171 millones para cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001. El objetivo es evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.
La defensa del proyecto estuvo a cargo de Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Ambos funcionarios insistieron en que el entendimiento implica una reducción significativa respecto de las sentencias que ya pesan sobre el Estado argentino.
“Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores”, sostuvo Stampalija.
Amerio precisó las cifras de la negociación: Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, resumió el Procurador del Tesoro, negando que se trate de una nueva reestructuración de deuda, sino del pago de juicios perdidos.
Críticas de la oposición
Las principales objeciones al proyecto llegaron desde el bloque de Unión por la Patria (UP), que presentó un dictamen de minoría. La diputada Julia Strada cuestionó la falta de precisiones sobre el acuerdo, asegurando que el Congreso “desconoce datos centrales de la negociación” y que “no sabemos lo que estamos votando”.
Por su parte, Itai Hagman (UP) criticó que el Congreso se entere de la estrategia oficial para resolver litigios externos a través de informes del FMI y no mediante explicaciones del Ministerio de Economía. También señaló la corrección que el Gobierno debió enviar al Senado por errores en la identificación de algunos títulos incluidos en el acuerdo.
El jefe de bloque de UP, Germán Martínez, cuestionó la velocidad con la que se impulsó el dictamen y reclamó precisiones sobre el plazo del 30 de junio fijado para concretar la operación, el impacto fiscal del acuerdo y la eventual participación de intermediarios. Amerio, en respuesta, aseguró que “no tuvo ningún costo. Fue un acuerdo directo. No hay comisiones, no hay intermediarios y no hay costos adicionales”.
Victoria Tolosa Paz (UP) reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, argumentando que “desde que es ministro jamás vino a explicar ni el rumbo económico ni cada vez que toma deuda o viene a pagarle a los holdouts”. Desde la izquierda, Néstor Pitrola criticó la prioridad otorgada a este acuerdo frente a otros reclamos sociales, como el financiamiento universitario o los aumentos para jubilados.
Los funcionarios explicaron que el plazo del 30 de junio fue acordado con los acreedores, aunque reconocieron que podría prorrogarse si ambas partes lo aceptan.
