Causa vacunas COVID: Carla Vizzotti negó ante la Justicia haber intervenido en la ley que demoró a Pfizer
La ex ministra de Salud Carla Vizzotti se presentó ante la Justicia y negó haber participado en la redacción de la Ley 27.573, normativa que, según la acusación fiscal, retrasó la compra de vacunas de Pfizer contra el Covid-19. Vizzotti también se desvinculó de las negociaciones para adquirir dosis de la vacuna Sputnik y con laboratorios locales, argumentando que sus funciones eran estrictamente sanitarias, técnicas y epidemiológicas.
En su declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, Vizzotti optó por no responder preguntas, pero entregó un escrito al que Clarín accedió en exclusiva a través de fuentes judiciales. La ex funcionaria, quien asumió la cartera de Salud en 2021 tras la renuncia de Ginés González García por el escándalo del “Vacunatorio VIP”, buscó delimitar su rol a aspectos de análisis de información científica, caracterización de plataformas vacunales, criterios de eficacia, seguridad, logística de distribución y estrategias de implementación.
Según el escrito presentado, hacia septiembre de 2020 “comenzó a consolidarse la necesidad de contar con una herramienta legislativa específica que permitiera al Estado Nacional negociar y eventualmente suscribir contratos de adquisición de vacunas en condiciones compatibles con la realidad internacional de ese momento”, marcada por una sobredemanda global. Vizzotti afirmó que la Ley N.º 27.573 “nació precisamente para responder a esa necesidad excepcional”.
Una vez sancionada la ley, se retomaron los intercambios con los desarrolladores para verificar si el nuevo marco legal permitía avanzar con las contrataciones. Esto posibilitó “avanzar con los expedientes de los laboratorios vinculados a las vacunas desarrolladas por AstraZeneca, la Federación Rusa y los fabricantes chinos, para los cuales la ley sancionada resultaba suficiente para continuar con los respectivos procesos contractuales”, sostuvo Vizzotti en su defensa.
El conflicto con Pfizer y la palabra “negligencia”
El escrito de Vizzotti detalla que, en el caso de Pfizer, la firma “manifestó, cuando ya había transcurrido el plazo durante el cual el Poder Ejecutivo Nacional podía observar la norma, que la ley sancionada no alcanzaba para satisfacer determinados requerimientos jurídicos que seguían formando parte de su política contractual global”. Este punto, según la ex ministra, fue reconocido públicamente por representantes de la propia compañía en distintas oportunidades.
“El problema giraba en torno a la inclusión durante el trámite legislativo de la palabra negligencia en el texto de la ley, y la indemnidad frente a eventuales reclamos y su relación con los bienes con inmunidad soberana protegidos por la ley argentina”, subrayó Vizzotti.
En el debate legislativo, la entonces diputada kirchnerista Cecilia Moreau fue una de las impulsoras de la inclusión del término “negligencia” en la ley. Esta inclusión es señalada por la acusación fiscal como un factor clave que bloqueó las negociaciones con Pfizer, impidiendo la llegada temprana de esas dosis al país.
Antecedentes de la denuncia y el rol de otros funcionarios
En su declaración, Vizzotti también reveló que su antecesor, Ginés González García, “requirió la intervención y el apoyo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y de otras áreas especializadas del Estado Nacional con competencia específica en materia jurídica, a fin de analizar soluciones normativas adicionales que permitieran continuar las negociaciones”. Agregó que los intercambios entre el Ministerio, los representantes de la empresa y la Secretaría Legal y Técnica fueron constantes hasta principios de 2021.
La investigación se inició a partir de una denuncia impulsada por el fiscal Stornelli, que toma como base el reclamo de un grupo de exdiputados de Juntos para el Cambio. La acusación apunta a Vizzotti y otros funcionarios por supuestamente haberse interesado en la compra de vacunas locales y luego las Sputnik “en busca un beneficio propio o de un tercero en forma incompatible con el ejercicio de las funciones públicas”. El fiscal habló de una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia.
Desde mediados de 2020, Pfizer habría ofrecido 13,3 millones de dosis y el fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud otras 25 millones. Sin embargo, Stornelli resaltó un “claro favoritismo” hacia laboratorios locales que actuarían como “socios locales” de fabricantes de vacunas, relegando a quienes no tendrían dicha asociación. La denuncia original fue formulada por los entonces diputados nacionales Omar Bruno de Marchi, Waldo Ezequiel Wolff, Álvaro Héctor de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Adolfo Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Antonio Stefani, Alberto Emilio Asseff, Jorge Ricardo Enriquez y Federico Raúl Zamarbide.
En el marco de la investigación, se mencionó la asociación de Hugo Sigman —propietario de mAbxience— con el consorcio Universidad de Oxford y AstraZeneca, logrando un contrato importante que el Gobierno habría pagado por adelantado. También se señaló a Sigman, como titular de la empresa ELEA, asociado con Phoenix SRL y la Fundación Huésped —fundada por el Dr. Pedro Cahn, asesor del Poder Ejecutivo Nacional, e integrada por la entonces ministra Carla Vizzotti—, para las pruebas y representación de las vacunas de Sinopharm en Argentina.
