Juicios contra el Estado: la administración central enfrenta 339.000 demandas y se desconoce el costo final

La administración central argentina enfrenta un «caballo de Troya» judicial: 339.085 demandas activas que representan un daño autoinfligido por una falla sistémica, capaz de erosionar las cuentas públicas durante años. Esta cifra, actualizada al mes pasado, no incluye los reclamos frente a ARCA, Anses ni los pleitos internacionales, que elevarían aún más el número. Solo en Anses, por ejemplo, existían 294.308 juicios en trámite a septiembre pasado.

El dato más inquietante, revelado por una investigación de LA NACION a partir de fuentes oficiales y pedidos de acceso a la información pública, es que ni siquiera los encargados de defender al Estado tienen claridad sobre la factura final. Más de 183.000 expedientes, que representan más de la mitad del universo registrado, no tienen una cifra cuantificada. Aquellos de los que sí hay datos presentan montos difíciles de consolidar y en diversas monedas: pesos ($479.494.736.524), dólares (US$5.324.674.723), euros (€2.498.705), libras esterlinas (£2.498.705) y hasta yenes (¥933.000.000).

La falta de un costo económico definido se debe, en muchos casos, a que los pleitos avanzan primero sobre el reconocimiento del derecho y solo después se calcula la liquidación final. En otros, las actualizaciones por índices judiciales pueden pulverizar cualquier referencia nominal previa, generando una «deuda flotante» imposible de medir con exactitud.

La Procuración del Tesoro y la estrategia de blindaje

El trabajo de LA NACION involucró documentos de la Procuración del Tesoro, el máximo órgano que reúne a los abogados del Estado, a cargo de Sebastián Amerio. Designado en marzo pasado y hombre de confianza de Santiago Caputo, Amerio recibió la orden de Javier Milei de «blindar» la seguridad jurídica en el país.

“Mientras coordinamos la defensa jurídica del Estado en toda la Administración Pública Nacional y atendemos los distintos frentes internacionales, la Procuración del Tesoro también asume la representación directa en los litigios más complejos y relevantes para el país. Para ello, contamos con equipos jurídicos de primer nivel, integrados por algunos de los mejores abogados del Estado. Actualmente, intervenimos de manera directa en más de 30 causas de máxima relevancia institucional y participamos en otras 150 como patrocinantes”, sostuvo Amerio.

Aunque la Procuración encabeza los juicios de trascendencia económica o institucional, los departamentos legales de cada cartera manejan la mayoría de los casos, definiendo la Procuración los lineamientos generales.

El origen de las demandas: salarios, fuerzas de seguridad y salud

Los reclamos por diferencias salariales concentran la mayor parte de la litigiosidad: 145.360 expedientes, más del 40% del total registrado en la administración central (sin incluir Anses y ARCA). Le siguen cuotas omitidas de la SRT (7%), cobro de pesos (6%), multas (5%), daños y perjuicios (4%), y una variedad de otros tópicos. La mayor parte de este engranaje no se vincula a grandes escándalos, sino a conflictos repetitivos y masivos, donde las demandas salariales de los propios trabajadores del Estado son la principal fuente de litigios.

Entre las dependencias más demandadas se encuentran la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, el Banco Nación, el Ejército Argentino, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la Gendarmería.

Las fuerzas de seguridad, como Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, representan un núcleo explosivo del problema, con cientos de expedientes por diferencias salariales, suplementos no incorporados y deudas previsionales. Un comisario retirado de la Policía Federal Argentina explicó que los gobiernos han intentado solucionar déficits salariales con «pagos no remunerativos», que no tributan a las cajas de retiro y obras sociales, generando demandas judiciales que incluso llegaron a la Corte Suprema.

Otro foco sensible es el sistema de salud, con una multiplicación de expedientes por amparos, prestaciones y cobertura de medicamentos de altísimo costo, como Eculizumab, Edaravone o Polatuzumab Vedotina.

Un problema estructural que se arrastra en el tiempo

El stock de juicios no es nuevo. Según los datos oficiales analizados, casi cuatro de cada cinco expedientes activos (78,5%) fueron iniciados antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Desde enero de 2024, se incorporaron 72.768 nuevas causas, equivalentes al 21,5% del stock vigente. Esto evidencia una «litigiosidad estructural muy elevada» que se mantiene constante a través de las diferentes administraciones.

Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, afirmó a LA NACION: “Hay millones en juicios contra el Estado. Esa masa es enorme y debe ser controlada. El eje de una política de equilibrio fiscal no se puede centrar solamente en una reducción de personal estatal. Tiene que haber una estrategia general, que abarque a todos los ministerios, para reducir contingencias judiciales en el país y el exterior”.

La Argentina, según expertos, es una «máquina de fabricar juicios contra el Estado» debido a un sistema que tiende a favorecer los pleitos sin consecuencias, y a políticas públicas difíciles de cumplir o sostener. Un abogado consultado por LA NACION sostuvo que «el Estado es muy incumplidor con sus empleados y sus proveedores», lo que genera una litigiosidad masiva. Además, afirmó que «es más barato pagar los juicios que solucionar los problemas», ya que el fuero Contencioso Administrativo Federal aplica una tasa que licúa gran parte del crédito laboral, permitiendo al Estado «financiarse a sí mismo con los juicios».

En el frente internacional, aunque no incluido en el conteo principal, la Procuración sigue de cerca litigios como el del Cupón PBI en Londres, con una sentencia desfavorable por 1330 millones de euros, y acuerdos por US$67 millones para Bainbridge y US$104 millones para Attestor para cerrar litigios por bonistas del default de 2001.

Funcionarios cercanos a Santiago Caputo y María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica, están trabajando en un proyecto para evitar que tantos casos lleguen a la Corte Suprema, que actualmente enfrenta casi 60.000 por año, una cifra muy superior a la de la Corte Suprema de Estados Unidos.