Corrupción en el ORSNA: un fiscal impulsa investigación contra Noelia Ruiz y Facundo Leal por presuntas coimas
La Justicia federal ha puesto en marcha una investigación por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El fiscal federal Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Federal N°7, impulsó formalmente la acción penal a raíz de una presentación realizada el 3 de junio de 2026 por la diputada nacional Marcela Pagano.
Según fuentes judiciales, González ya solicitó un conjunto de medidas de prueba clave para desentrañar el funcionamiento interno del organismo y determinar si existió un esquema de administración irregular de fondos públicos.
La pesquisa cobra relevancia pocos días después de la detención del ex presidente del ORSNA, Facundo Leal, en una causa vinculada a su gestión en ARSAT. La denuncia sugiere que la estructura de poder que respondía al exfuncionario no solo habría persistido tras su salida, sino que incluso se habría consolidado bajo la actual conducción del organismo.
Patrimonios bajo la lupa y el rol de los funcionarios
Uno de los ejes centrales de la investigación se centra en el patrimonio de los principales funcionarios involucrados. El fiscal González requirió un informe de Nosis sobre la situación económica y financiera de Facundo Leal, de la actual presidenta del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz (quien tiene cercanía con Santiago Caputo), de la vicepresidenta Lucila Belén Pagani y de Facundo Gaitán, designado como “controller” dentro del organismo. El objetivo es contrastar la evolución patrimonial de estos funcionarios con las denuncias que aluden a elevados ingresos y posibles manejos irregulares de recursos estatales.
En paralelo, la fiscalía requirió al ORSNA los legajos personales de los cuatro funcionarios para establecer las condiciones de sus designaciones, antecedentes profesionales y escalas salariales. La denuncia sostiene que la actual gestión habría modificado la estructura administrativa, resultando en mejoras salariales y la concentración de funciones estratégicas.
Obras, fideicomisos y presuntos retornos del 10%
Otro punto crucial bajo análisis es el manejo de las obras financiadas a través del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), uno de los principales instrumentos económicos del sector. La presentación judicial describe un presunto esquema de concentración de adjudicaciones en un grupo reducido de empresas constructoras, mencionando específicamente a Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones.
Para reconstruir el circuito de contratación, el fiscal González solicitó al ORSNA un informe sobre la totalidad de las obras adjudicadas a estas firmas desde el 1° de enero de 2025. Además, requirió saber si los procesos licitatorios, certificaciones de avance y pagos efectuados fueron objeto de observaciones, impugnaciones o denuncias administrativas.
La denuncia sostiene que, detrás de esta operatoria, existiría un mecanismo de cobro de retornos para habilitar pagos y certificaciones de obra. De acuerdo con los testimonios incorporados, el porcentaje exigido rondaría el 10% del valor de cada trámite, con un papel central de las actuales autoridades del organismo en la estructura de decisiones.
Conexiones con ARSAT y el rol de los organismos de control
La investigación también busca establecer una posible conexión entre las prácticas denunciadas en el ORSNA y la gestión de Facundo Leal en ARSAT. El fiscal González pidió certificar el objeto procesal de la causa por la que el exfuncionario fue detenido el 27 de mayo de 2026, para determinar si determinados mecanismos de funcionamiento se replicaron en ambos organismos. Entre ellos figura el desplazamiento de gerentes de carrera y su reemplazo por personas del círculo de confianza de Leal, hipótesis que sugiere una reducción de controles internos y concentración de decisiones.
En este esquema, la figura de Facundo Gaitán y su incorporación como “controller” también está bajo análisis judicial. La fiscalía intenta establecer el alcance real de sus funciones y si su designación respondió a una necesidad técnica o a un cargo creado para supervisar políticamente las áreas operativas y asegurar el funcionamiento del sistema denunciado.
Finalmente, la investigación se extendió a organismos especializados como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la Nación (AGN), la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). A todos ellos se les requirió informar si existen auditorías en curso, antecedentes de irregularidades o denuncias relacionadas con el ORSNA y las empresas constructoras mencionadas en la presentación judicial.
