Reforma electoral: el Gobierno de Javier Milei busca suspender las PASO y avanzar con el Presupuesto 2027
El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, redefinió su estrategia legislativa para la segunda mitad del año con un triple objetivo prioritario: avanzar con una profunda reforma político-electoral, asegurar la aprobación del Presupuesto 2027 y blindar la estabilidad financiera mediante un paquete de leyes económicas clave antes de ingresar de lleno en la carrera por la reelección. Tras un primer semestre con dificultades para convertir proyectos en leyes, el oficialismo busca ahora mayor pragmatismo y alianzas clave en el Congreso.
La batalla por las PASO y la estrategia de las «colectoras»
La reforma electoral es la primera gran batalla que La Libertad Avanza (LLA) se niega a resignar, a pesar de estar frenada en el Senado desde abril. La meta principal de la administración de Milei es la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En caso de no consolidar los consensos necesarios para derogarlas, la estrategia de contingencia del oficialismo apunta a suspenderlas de manera transitoria para los próximos comicios.
Un referente legislativo de la fuerza gobernante sintetizó la relevancia de este debate para la Casa Rosada:
«La prioridad por encima de todo es la reforma política».
Para alcanzar este objetivo, el oficialismo enfrenta un desafío numérico complejo, ya que las reformas electorales exigen una mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado. El plan, impulsado también por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contempla además la habilitación de un sistema de «colectoras». Este esquema permitiría que listas de categorías inferiores de gobernadores aliados adhieran a la boleta presidencial de Milei, ampliando su armado territorial sin perder la identidad partidaria local.
Presupuesto, blanqueo y la ley «shutdown»
El segundo eje ineludible de la agenda parlamentaria es el debate del Presupuesto 2027, cuyo proyecto de ley debe ser presentado ante el Congreso antes del 15 de septiembre. A diferencia de negociaciones previas, el Poder Ejecutivo evalúa contemplar parte de los reclamos financieros de los mandatarios provinciales con el fin de garantizar el respaldo legislativo necesario para el resto de sus iniciativas.
En paralelo, el Palacio de Hacienda prepara el desembarco de un paquete de leyes económicas destinadas a reducir la volatilidad cambiaria y financiera. La primera iniciativa en ingresar al Parlamento será la ampliación del régimen de «inocencia fiscal», un esquema de blanqueo de capitales que busca atraer dólares al circuito formal. El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene previsto anunciar los detalles de esta presentación durante una conferencia de prensa.
Hacia el mes de agosto, el Ejecutivo proyecta remitir otras dos reformas de peso: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central —que prohibirá por ley la emisión monetaria para financiar al Tesoro— y la denominada ley de «shutdown», una herramienta bautizada por Milei que limitará de forma automática la ejecución del gasto público una vez agotadas las partidas presupuestarias asignadas.
Los proyectos de Sturzenegger y la agenda pendiente
La reactivación del Congreso también incluye proyectos con media sanción que permanecen congelados en el Senado. Entre ellos se destacan el «Súper RIGI», que prevé beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años para megaversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, y la reestructuración de los subsidios al gas por «zona fría».
Por su parte, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, mantiene en lista de espera iniciativas clave de su cartera. El proyecto sobre «propiedad privada» —que habilita la venta de tierras fiscales a extranjeros y acelera los desalojos— debió postergarse por falta de votos, mientras que la ley «Hojarasca» para derogar regulaciones obsoletas sigue sin avanzar. Asimismo, la nueva Ley General de Sociedades, redactada por el equipo de Sturzenegger para flexibilizar los tipos societarios e incorporar tecnologías como blockchain e inteligencia artificial, continúa sin registrar movimientos significativos en el Senado.
Finalmente, el temario pendiente del oficialismo arrastra reformas de alto impacto social y regulatorio que aguardan tratamiento en comisiones, tales como el nuevo régimen de pensiones por discapacidad, la ley de salud mental, normativas contra la ludopatía y la derogación de la ley de etiquetado frontal. En Diputados, en tanto, persisten las demoras para debatir la regulación del lobby, la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur.
