Acuerdo con el FMI: la caída de la recaudación obliga al Gobierno a un nuevo ajuste de $10 billones
La caída en la recaudación impositiva generó un fuerte impacto en las cuentas públicas y complicó el cumplimiento de las metas acordadas entre el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar del severo recorte del gasto público aplicado en la primera parte del año, el desplome de los ingresos fiscales impidió alcanzar el piso de superávit fiscal comprometido para el semestre.
El bache financiero expone los límites de la estrategia oficial basada en la licuación y el recorte directo de partidas. Durante los primeros meses de gestión, el oficialismo priorizó el equilibrio financiero, pero la contracción de la actividad económica terminó por erosionar la base imponible de los principales tributos, neutralizando parte del esfuerzo fiscal realizado por la administración nacional.
El desafío de los 10 billones de pesos
Para encauzar el programa con el organismo de crédito y cumplir con los compromisos asumidos, el Gobierno necesitará activar una nueva ronda de ajuste. Según las estimaciones técnicas, el desvío obliga a conseguir un ahorro adicional de $10 billones en los próximos meses, lo que sumará mayor presión sobre las partidas presupuestarias que aún siguen activas.
Este nuevo escenario abre un complejo interrogante sobre la sustentabilidad del programa económico. Con partidas sensibles ya recortadas al límite, el equipo económico deberá afinar el lápiz para identificar de dónde extraer los recursos necesarios sin resentir aún más el nivel de actividad económica ni tensionar el frente social en el corto plazo.
