Ley de Semillas: el Gobierno impulsa la reforma en Palermo pero la Federación Agraria resiste
Durante la 138a. Exposición Rural de Palermo, el debate por una nueva Ley de Semillas volvió a exponer la histórica tensión entre el Gobierno, las entidades agropecuarias y la industria semillera. Con un marco regulatorio que arrastra más de cinco décadas de vigencia, todos los actores coincidieron en que el sistema actual está agotado. Sin embargo, la mesa de discusión dejó al descubierto profundas diferencias sobre el rumbo de la modernización tecnológica y la protección de los derechos de propiedad intelectual.
El plan oficial y la resistencia de la Federación Agraria
El presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, ratificó que el Gobierno nacional trabaja activamente en la modificación de la ley vigente y en el proceso de adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV-91. Esta medida responde a un compromiso asumido en los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Si bien Famulari destacó que la intención es alcanzar el mayor consenso posible antes de enviar el proyecto al Congreso, admitió que la unanimidad es improbable y que el Estado deberá laudar si las partes no logran un punto de encuentro.
La respuesta más firme llegó de la mano de Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien ratificó el rechazo absoluto de su entidad a la adhesión al tratado UPOV-91. Sarnari defendió el derecho al «uso propio» de las semillas y argumentó que la discusión está distorsionada por la asfixia fiscal que sufren los productores, apuntando directamente contra las retenciones.
“No voy a poder ceder algunas cuestiones porque tengo la responsabilidad de representar a mis productores. Y la industria tampoco va a poder ceder algunos intereses porque representa a sus empresas”
La dirigente ruralista remarcó que el verdadero problema del sector no es el uso propio, sino la comercialización de semilla ilegal y la falta de fiscalización estatal. En sintonía con este reclamo, el propio Famulari reconoció que el Inase enfrenta severas limitaciones de control bajo la legislación actual.
La macroeconomía y las reglas de juego
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), Tomás Palazón coincidió en que el retraso tecnológico del agro argentino se debe principalmente a las variables macroeconómicas y no solo a la ley de semillas. Palazón enumeró la inestabilidad de las reglas de juego, los derechos de exportación y la brecha cambiaria como los principales desincentivos para la inversión a largo plazo.
Como propuesta para destrabar el conflicto que lleva tres décadas de debates, el representante de la SRA sugirió que la nueva normativa aplique tratamientos diferenciados según el tipo de cultivo y la escala del productor, midiendo el tamaño de las explotaciones por cantidad de hectáreas en lugar de categorías variables en el tiempo.
La urgencia de la industria por atraer inversiones
Por el lado de las empresas, la presidenta de la International Seed Federation (ISF), Lorena Basso, advirtió que la falta de un marco que garantice el retorno de la inversión ahuyenta la llegada de nuevos desarrollos biotecnológicos al país. Basso aseguró que la Argentina tiene el potencial humano y técnico para ser un polo genético mundial, pero requiere reglas claras de propiedad intelectual.
En sintonía, el titular de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Ricardo Fernández Pancelli, señaló que la inseguridad jurídica provocó que el país incorpore menos variedades de cultivos clave como soja, algodón, arroz y hortalizas en comparación con sus vecinos de la región. No obstante, intentó acercar posiciones al recordar que el convenio UPOV-91 contempla excepciones específicas para proteger a los pequeños productores.
