Caso Cuadernos: exfuncionarios de AFIP complican a los empresarios que entraron al blanqueo de 2016
El juicio por el desvío de fondos de la obra pública conocido como el Caso Cuadernos sumó revelaciones clave en las últimas audiencias ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). Exfuncionarios de la AFIP confirmaron que varios de los empresarios acusados de pagar retornos ilegales no solo movieron millones de dólares en efectivo, sino que luego los acumularon en bienes y cuentas que terminaron declarando en el blanqueo de capitales de 2016.
Las declaraciones testimoniales de los exmiembros del organismo recaudador complican de manera directa la estrategia de defensa de numerosos hombres de negocios. Durante la etapa de instrucción, buena parte de los imputados intentó encuadrar su situación bajo la figura de víctimas de extorsión, argumentando que se veían obligados a entregar retornos para poder mantener sus contratos estatales o cobrar certificaciones de obra pendientes.
La hipótesis de la fiscalía: beneficio y no extorsión
Sin embargo, para la fiscalía, la confirmación de que estos fondos terminaron en el circuito legal a través del régimen de sinceramiento fiscal de 2016 echa por tierra la teoría de la coacción. El Ministerio Público Fiscal sostiene que los empresarios no fueron meras víctimas del engranaje de recaudación ilegal, sino socios activos que obtuvieron un claro beneficio económico derivado de la corrupción.
El testimonio de los técnicos de la exAFIP detalló las maniobras de ocultamiento y posterior exteriorización de activos. La acumulación de riqueza en cuentas en el exterior y propiedades, que luego fueron regularizadas ante el fisco, expone el volumen del dinero que circulaba por fuera de los registros oficiales y que coincide temporalmente con los períodos investigados en la causa madre.
De este modo, el proceso que investiga el pago de coimas a los Kirchner entra en una etapa de definiciones probatorias cruciales. El TOF 7 deberá evaluar si la adhesión al blanqueo funciona como una prueba de cargo definitiva para sellar la acusación de cohecho activo contra el entramado empresarial que financió de manera ilegal la política nacional.
