Vacío legal en la Justicia: Eduardo Casal le exigió a Milei un DNU para habilitar a los fiscales
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, reclamó de forma urgente al gobierno de Javier Milei la sanción de una ley o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para resolver un vacío legal que impide a los fiscales nacionales actuar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. La advertencia surge a raíz de las complicaciones procesales derivadas del fallo ‘Levinas’ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A partir de ese precedente judicial, las causas penales que tramitan en la justicia nacional con sede en la Capital Federal deben pasar obligatoriamente por el máximo tribunal porteño antes de llegar a la Corte Suprema. Sin embargo, los fiscales nacionales carecen de habilitación legal para litigar en una jurisdicción ajena a la federal, lo que genera una parálisis potencial en expedientes de alta relevancia.
El impacto del fallo Levinas y el pedido de un DNU
Casal expuso esta problemática ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación en el Congreso, presidida por el diputado Sebastián Galmarini (Unión por la Patria). Allí reveló que el pasado 19 de mayo solicitó formalmente al Poder Ejecutivo una norma transitoria que subsane este vacío hasta tanto concluya el traspaso definitivo de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La urgencia se profundizó luego de que la reforma laboral impulsada por la gestión libertaria y sancionada este año incorporara por ley el criterio del fallo Levinas. Casal advirtió que la falta de herramientas ya tiene consecuencias directas: en una causa por femicidio, un fiscal debió apelar una polémica liberación y la Procuración tuvo que forzar una presentación para no desproteger la acción penal.
“Tenemos una responsabilidad fundamental, que es hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción. Mientras esto no se resuelve, vamos a seguir interponiendo los recursos”, afirmó Casal ante los legisladores.
La brecha de recursos y el ‘partido perdido’ de los fiscales
Más allá de la urgencia normativa, las autoridades de la Procuración expusieron la crítica situación estructural del organismo. Juan Manuel Casanovas, secretario de la Procuración, graficó la asimetría de recursos humanos y materiales que existe en comparación con el Poder Judicial. Según precisó, la justicia federal cuenta con 380 jueces frente a apenas 222 fiscales, mientras que la brecha de empleados es de 9.300 contra 2.500.
“Nosotros arrancamos, en términos mundialistas, perdiendo dos o tres a cero”, sentenció Casanovas respecto a la desventaja operativa para implementar el nuevo sistema acusatorio penal.
El secretario alertó que actualmente existen 160 vacantes de fiscales sin cubrir que son indispensables para el despliegue del sistema acusatorio en todo el país. De ese total, 43 cargos cuentan con ternas ya elevadas, 82 se encuentran en etapa de concurso y 35 esperan convocatoria.
Ajuste presupuestario y el control sobre la SIDE
Por su parte, el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima, detalló el fuerte impacto del ajuste en las cuentas del Ministerio Público Fiscal. Precisó que el presupuesto del organismo sufrió una pérdida del 47% de su poder adquisitivo en los últimos dos años (un 44,7% de caída en 2024 y un 3,3% proyectado para 2025), justo cuando el nuevo código procesal demanda mayor despliegue de infraestructura, tecnología y peritos.
Finalmente, Olima se refirió a la relación del organismo con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Explicó que, para evitar vicios del pasado, se diseñó un canal único de ingreso de información de inteligencia bajo la órbita de su secretaría para garantizar la trazabilidad de los datos antes de que lleguen a los fiscales.
“El día de mañana no debería aparecer una causa penal en donde digan: esto se inició por información de inteligencia, sin trazabilidad”, concluyó el funcionario judicial.
