Traspaso judicial: el procurador Eduardo Casal le reclama al Gobierno un DNU por el «fallo Levinas»
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, le reclamó formalmente al Poder Ejecutivo Nacional la redacción de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para subsanar los vacíos legales generados por el «fallo Levinas» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La presentación del jefe de los fiscales apunta a resolver un conflicto de competencia que limita la actuación de los fiscales nacionales en causas de relevancia pública. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) advierten que la actual situación afecta la representación del Estado y de las víctimas en las instancias finales de apelación.
El impacto del fallo de la Corte Suprema
En 2024, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ser la máxima instancia de apelación para las causas de la justicia nacional con jurisdicción en la Capital Federal. Esta medida, orientada a profundizar el traspaso de las competencias judiciales al ámbito porteño, modificó sustancialmente el mapa de recursos procesales.
Sin embargo, la implementación de este criterio generó un escollo práctico inmediato: los fiscales nacionales que venían interviniendo en las distintas causas se ven impedidos de continuar con su representación una vez que los expedientes llegan al TSJ porteño. Al tratarse de un tribunal de órbita local, la normativa actual no contempla de manera clara la participación de los funcionarios del MPF de la Nación en ese estrado.
El pedido de un DNU corrector
Ante la falta de una reforma legislativa integral en el Congreso de la Nación que regule la transición, Casal acudió directamente al Ejecutivo. La propuesta de un DNU busca establecer una enmienda procesal de emergencia que faculte expresamente a los fiscales nacionales a sostener sus recursos y dictámenes ante el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el entorno de la Procuración señalan que, de no resolverse esta situación mediante una vía rápida, decenas de causas complejas que involucran intereses públicos y de particulares podrían quedar sin la debida intervención de la fiscalía nacional, afectando el debido proceso y la seguridad jurídica en las causas que se tramitan en la Capital.
