Caso $LIBRA: Martínez de Giorgi ordenó identificar a los dueños de 25 billeteras cripto
La investigación por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA sumó un capítulo clave en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó identificar a los titulares de 25 billeteras virtuales que registraron movimientos recientes de dólares digitales. Se trata de fondos remanentes que quedaron en manos de los creadores del token tras su fallido y polémico lanzamiento el año pasado.
La medida judicial se basa en un pormenorizado informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA). Los investigadores lograron reconstruir el complejo entramado de transferencias de activos que se inició en mayo de este año. La resolución coincide temporalmente con una fuerte disputa en el expediente: la decisión del magistrado de excluir de la causa a los damnificados querellantes, una medida apelada por los abogados de los inversores que ahora deberá resolver la Cámara Federal.
La ruta del «pitufeo digital» y los millones bajo sospecha
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el dinero bajo la lupa proviene de ocho billeteras identificadas como «Libra Team». Estas cuentas estuvieron directamente vinculadas a la creación del token y al retiro masivo de fondos de los inversores la noche de su promoción, cuando la cotización se disparó y se desplomó en pocos minutos. El propio creador del proyecto, el estadounidense Hayden Davis, admitió que esa maniobra le reportó ingresos por cerca de 110 millones de dólares.
El peritaje de la Policía Federal determinó que cuatro de esas ocho billeteras desviaron fondos hacia una cuenta única identificada con las siglas «61yk». Esta dirección de destino había permanecido congelada durante casi seis meses por orden de la justicia del Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, donde Davis también es investigado.
Una vez liberados esos fondos, se detectó una maniobra conocida en la jerga financiera como «pitufeo digital» (o estructuración). Consiste en fragmentar grandes sumas de dinero en montos menores y derivarlas a múltiples cuentas para dificultar el rastreo y facilitar su posterior liquidación a dinero físico (fiat).
El rol clave de las plataformas de intercambio
El punto de inversión de la maniobra ocurrió el pasado 10 de mayo. Mediante un protocolo de interoperabilidad entre distintas redes blockchain, los sospechosos transfirieron 498.539 USDT (criptomoneda estable que replica el valor del dólar) hacia una billetera de la red Tron. Inmediatamente después, ese monto se dividió en 17 transacciones dirigidas a cuentas individuales.
La clave para los investigadores de Cibercrimen es que al menos diez de estas operaciones se canalizaron a través de plataformas de intercambio centralizadas (CEX) como Binance, Bybit, OKX y Bitfinex. Al tratarse de empresas formales, estas plataformas exigen a sus usuarios un proceso de validación de identidad conocido como KYC (Know Your Customer o «Conozca a su Cliente»), que requiere la presentación de documentos oficiales.
Por este motivo, Martínez de Giorgi libró exhortos y órdenes de presentación para obtener los registros de KYC, las direcciones IP de conexión, los historiales de transacciones y cualquier dato que permita individualizar a los verdaderos dueños de estas cuentas. En paralelo, el magistrado dispuso el congelamiento preventivo de los fondos de las 25 billeteras bajo análisis.
Según las estimaciones del analista de blockchain Fernando Molina, uno de los especialistas que siguió la ruta de los activos desde el inicio del escándalo, en mayo de este año comenzaron a moverse unos 8,2 millones de dólares que permanecían inactivos. El resto del botín inicial habría sido derivado por Davis a un fideicomiso con el supuesto fin de relanzar el proyecto criptográfico antes de fin de año.
