Leticia Huichaqueo: ex ministra presa por corrupción obtiene salidas para ir a misa
Leticia Huichaqueo, ex ministra de Acción Social de Chubut condenada por corrupción, obtuvo un régimen de salidas transitorias más flexible, que incluye la posibilidad de asistir a misa. La decisión judicial se basó, entre otros argumentos, en la declaración de la propia Huichaqueo, quien manifestó tener “fobia a la policía”.
La ex titular de la cartera social provincial cumple una pena de cuatro años y ocho meses de prisión. Su condena se dictó por los delitos de desvío de fondos públicos y por la comercialización de mercadería robada, en una causa que generó gran impacto en la provincia patagónica.
El argumento de la «fobia policial» y el acceso a la religión
La defensa de Huichaqueo presentó ante la Justicia su solicitud para ampliar el régimen de salidas transitorias, que usualmente permite a los internos mantener contacto con el exterior bajo ciertas condiciones. El argumento de la “fobia a la policía” habría sido un factor considerado por el tribunal al momento de evaluar la flexibilidad del régimen, aunque no se detallaron los fundamentos específicos de cómo esta fobia se relaciona directamente con las salidas para fines religiosos.
El acceso a actividades religiosas es un derecho contemplado para las personas privadas de su libertad, y la asistencia a servicios como la misa forma parte de las posibilidades que se evalúan en el marco de las salidas transitorias, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad y control establecidos por la ley.
Contexto de la condena por corrupción en Chubut
El caso de Leticia Huichaqueo fue uno de los que expuso la problemática de la corrupción en la administración pública de Chubut. Su condena por desvío de fondos y comercialización de mercadería robada la ubicó en el centro de investigaciones que buscaron transparentar el manejo de recursos estatales.
La sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión refleja la gravedad de los delitos imputados, vinculados al uso indebido de recursos que debían destinarse a fines sociales y a la participación en circuitos ilegales de mercadería. Este tipo de fallos judiciales suele generar un debate público sobre la efectividad de los controles y la rendición de cuentas en la función pública.
