Ley de Semillas: el Gobierno busca consenso para una reforma y ratificar adhesión a tratado internacional

El Gobierno nacional intensifica las negociaciones con el sector agropecuario para consensuar un nuevo proyecto de modificación de la Ley de Semillas. En este contexto, Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), confirmó que el organismo trabaja activamente con todos los actores involucrados en una propuesta de reforma integral.

Paralelamente, Famulari ratificó el compromiso de Argentina de presentar ante el Congreso la adhesión a la Upov-91, un tratado internacional que busca mejorar la protección intelectual para los semilleros, antes de finales de 2027. La normativa nacional vigente deberá adecuarse a este convenio internacional.

Adhesión a Upov-91: un compromiso con Estados Unidos

Según trascendió, el Gobierno se comprometió con Estados Unidos a enviar al Congreso el proyecto de adhesión al convenio internacional de protección de obtenciones vegetales de la Upov-91. En paralelo, la Secretaría de Agricultura y las autoridades del Inase lideran una serie de reuniones con semilleros, obtentores, entidades agropecuarias y otros integrantes de la cadena para elaborar un proyecto de ley que logre consenso político y sectorial. El oficialismo considera que este consenso es indispensable para que la iniciativa prospere en el Congreso.

Durante una reciente exposición en el Congreso de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), Famulari destacó la participación activa del Inase en el diseño de la futura normativa. Subrayó que, en caso de que el Congreso apruebe la adhesión a Upov-91, la normativa argentina deberá ser acorde a la mencionada Acta. El funcionario insistió en que el objetivo es construir una modificación de la Ley de Semillas mediante el consenso, y adelantó que el organismo continuará las reuniones con todos los sectores para intentar cerrar un texto común.

Este proceso de diálogo continuará el martes 14 de julio, cuando está prevista una nueva reunión convocada por la Secretaría de Agricultura con representantes de la industria semillera y entidades gremiales de productores. Fuentes cercanas a las conversaciones indicaron que una eventual adhesión a Upov-91 requerirá adecuar la normativa argentina a los requisitos del convenio, aunque todavía no está definido el instrumento jurídico para realizar dicha adecuación.

El impacto de Upov-91 y los desafíos del consenso

La adhesión a Upov-91 implica que Argentina se incorpore a la versión más reciente del convenio internacional que regula la protección de las obtenciones vegetales, con un régimen de propiedad intelectual más amplio para las nuevas variedades desarrolladas por los obtentores. Actualmente, el país forma parte de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, pero está adherido al Acta de 1978 (Upov-78).

El debate sobre avanzar hacia el Acta de 1991 no es nuevo. Diferentes gobiernos impulsaron proyectos para actualizar la legislación sobre semillas y adecuarla a este estándar internacional, pero ninguno logró prosperar en el Congreso debido a las diferencias entre semilleros, obtentores y entidades de productores. De acuerdo con el acta de la Upov-91, si un país adhiere necesita que su normativa esté acorde; de lo contrario, Upov-91 no acepta la adhesión. Por ahora, y de acuerdo con las fuentes consultadas por LA NACION, este proceso transita por un carril diferente al de la reforma de la Ley de Semillas.

Tenemos que hacer una mesa de la que todos nos levantemos no diez puntos conformes, pero sí siete puntos conformes. Si alguien se va muy en contra, después la idea no prospera.

Famulari evitó dar precisiones sobre el contenido del eventual proyecto, argumentando que forma parte de las negociaciones en curso. Sin embargo, aseguró que la intención es avanzar hacia “una ley moderna”, alineada con la legislación vigente en los principales países que protegen la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales.

Para que la adhesión pueda concretarse, la normativa argentina deberá adecuarse a los requisitos previstos en el Acta de 1991 de la Upov. Esa adecuación es una condición para que el país pueda incorporarse al convenio. Podría materializarse mediante modificaciones a la legislación vigente u otra herramienta jurídica, aunque por el momento el mecanismo no está definido. Tampoco están cerrados los cambios que eventualmente podrían incorporarse. Según las fuentes consultadas, el principal punto de debate continúa siendo el régimen de uso propio de las semillas, uno de los temas que hoy concentra las mayores diferencias entre los distintos sectores que participan de las negociaciones.

Fiscalización del garbanzo: la polémica y la visión del Inase

En este contexto, el presidente del Inase también se refirió a las críticas generadas por la decisión del organismo de establecer la fiscalización obligatoria del garbanzo. Aclaró que el organismo no cuestiona la necesidad de avanzar hacia ese esquema, sino la forma en que se implementó.

Está bien que el garbanzo sea fiscalizado. El error fue hacerlo intempestivamente, de una semana para otra o en muy poco tiempo. Son procesos.

El Inase considera correcto que este cultivo se encuentre bajo el régimen de fiscalización obligatoria, pero entiende que la implementación debió haber sido un proceso gradual. La intención del organismo es aplicar un esquema gradual para otros cultivos, como el poroto, con una transición antes de llegar a un régimen de fiscalización obligatoria, a modo de acompañar a toda la cadena y alcanzar consensos durante el proceso.