Causa Seguros: Alberto Fernández y otros imputados buscan ganar tiempo con pericia contable de cien puntos

El expresidente Alberto Fernández continúa bajo investigación en la denominada Causa Seguros, que indaga sobre presunta corrupción en la contratación de seguros por parte del Estado nacional a Nación Seguros, con la intermediación de brokers. En el centro de la pesquisa se encuentra Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y pareja de su secretaria privada, María Cantero, quien habría sido el principal beneficiado con el pago de comisiones y contratos.

Para definir la situación procesal de varios imputados, se ordenará una pericia contable. En este marco, las partes involucradas, incluida la defensa del exmandatario, propusieron analizar un centenar de puntos, una iniciativa que, según fuentes judiciales, podría significar un “ganar tiempo” para Fernández. La palabra final sobre qué aspectos se incluirán en el peritaje la tendrá el juez Ariel Lijo, quien actualmente subroga el Juzgado Federal 11.

El camino judicial y las acusaciones

La Causa Seguros estuvo a punto de ser elevada a juicio oral. En el expediente, Alberto Fernández está acusado de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Uno de los hechos centrales que se le atribuyen es la firma del decreto 823/21, que obligaba a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar a Nación Seguros. Tras esta medida, Martínez Sosa y sus empresas habrían cobrado el 60% de las comisiones de los contratos de seguros, posicionándolo como el principal beneficiado en este esquema.

Los procesamientos iniciales fueron confirmados, pero la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, recurrió a la Casación Federal. La Cámara de Casación no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, sino que ordenó a la Cámara Federal revisar la decisión y evaluar la realización de nuevas medidas de prueba. En cumplimiento de esta orden, los camaristas Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah dictaron la falta de mérito, y el caso regresó a la etapa de instrucción.

La pericia contable y las nuevas declaraciones

La investigación, que se inició con el juez Julián Ercolini y tuvo a Sebastián Casanello a cargo de los procesamientos, ahora se encuentra en manos de Ariel Lijo. El magistrado firmó recientemente un oficio al que accedió Clarín, en el que detalla las medidas de prueba sugeridas por la Cámara Federal, siendo uno de los puntos centrales la realización de una pericia técnica.

Lijo recordó que los jueces de la Cámara de Apelaciones “avalan la hipótesis del magistrado en punto a que las erogaciones que se realizaron en favor de los intermediarios significaron un perjuicio patrimonial para Nación Seguros”. Sin embargo, coincidieron en la necesidad de que se “practique un peritaje de la especialidad que incluya todas las variables propias de estos hechos, a fin de profundizar técnicamente este aspecto, y de forma previa a la eventual instancia de debate público”.

Se debe profundizar el estudio contable acerca del daño producido a las arcas públicas; pues lo provisorio del auto de mérito no significa o sugiere atravesar la instrucción sin contar con el detalle – lo más certero posible – de la lesión económica que el delito en cuestión exige.

Junto con el trabajo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), se ordenó un peritaje al Cuerpo de Peritos especializados en Corrupción de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras ser notificados, los abogados de los acusados designaron peritos de parte y propusieron un centenar de puntos a revisar, según confirmaron fuentes judiciales. Será el juez Lijo quien defina qué aspectos se incluirán finalmente.

Además de la pericia contable, Lijo también tomó varias declaraciones testimoniales requeridas por la defensa de Fernández, entre ellas las de Vilma Ibarra (ex secretaria Legal y Técnica), Miguel Pesce (ex titular del Banco Central) y el exministro de Economía Martín Guzmán. Una vez que todas estas medidas concluyan, el juez deberá resolver si vuelve a procesar a Alberto Fernández.