Casación Penal: el Gobierno pide revisar un concurso clave para la Justicia
El representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, Santiago Viola, y la consejera jueza Alejandra Provítola, solicitaron la intervención de “consultores técnicos” para revisar el concurso judicial más relevante que tiene el organismo: el destinado a cubrir tres vacantes en la poderosa Cámara Federal de Casación Penal.
Esta medida, considerada “súper excepcional”, busca examinar la corrección de los exámenes del Concurso N° 475, que definirá la conformación del principal tribunal penal del país, solo superado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las decisiones de estos camaristas son cruciales para las causas de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios de gobiernos actuales y pasados.
A pesar de que la iniciativa es impulsada por Viola, quien también es el número dos del Ministerio de Justicia, fuentes oficiales y judiciales le atribuyen pocas chances de prosperar. “Viola se equivocó”, afirmó una fuente oficial a LA NACION, reflejando la desconfianza que genera la propuesta incluso dentro del propio Gobierno.
Los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y el fiscal Leonel Guillermo Gómez Barbella son quienes, hasta el momento, se encuentran mejor posicionados en el orden de mérito provisorio de este concurso.
Los antecedentes de los candidatos mejor posicionados
Los tres candidatos con mayores puntajes en el concurso poseen trayectorias destacadas y controversiales:
María Gabriela López Iñiguez: Sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán y condenó a exfuncionarios kirchneristas como Amado Boudou (caso Ciccone) y Julio De Vido (tragedia de Once).
José Michilini: También sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán. Condenó a José López por enriquecimiento ilícito en la causa de los bolsos con nueve millones de dólares y a Amado Boudou por la inscripción irregular de un Honda cupé. Rechazó en disidencia el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro y condenó a Carlos Menem y Domingo Cavallo por la venta de La Rural.
Leonel Guillermo Gómez Barbella: Como fiscal, pidió la indagatoria de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, y de Bartolomé Mitre, quien era el director de LA NACION, en la causa por la venta de Papel Prensa.
El mecanismo de revisión y los concursantes impugnantes
El pedido de Viola y Provítola surge a raíz de impugnaciones presentadas por tres concursantes a sus calificaciones. El recurso a “consultores técnicos” está previsto en el artículo 39 del Reglamento de Concursos, aunque ha sido utilizado en muy pocas ocasiones. Una recalificación podría alterar significativamente el orden de mérito y las ternas finales.
Los concursantes que solicitaron la revisión de sus exámenes son Mariana Inés Catalano, camarista federal de Salta; Luciano Homero Lauria, juez federal de Santa Fe; y Mariano Jorge Cartolano, director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia. En el orden de mérito provisorio, Catalano se ubica en el puesto 22, Lauria en el 31 y Cartolano en el 34.
Catalano y Lauria obtuvieron puntajes por debajo del piso de 50 en el examen de oposición, requisito para integrar las ternas. Una recalificación favorable los habilitaría. Cartolano, aunque cumple los mínimos, busca mejorar su posición. Viola y Provítola, como subcomisión encargada de evaluar las impugnaciones, pidieron la intervención de especialistas externos para analizar las correcciones de la prueba de oposición, tomada el 11 de mayo de 2022.
La propuesta será tratada en la próxima reunión de la Comisión de Selección, donde ya se anticipa la oposición de los concursantes mejor calificados. La opinión de los consultores técnicos no es vinculante; la decisión final sobre las calificaciones recae en la Comisión de Selección, integrada por María Fernanda Vázquez, Jimena de la Torre (quien apoya la iniciativa), Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Provítola, Gonzalo Gabriel Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Viola.
Este debate se produce en un contexto donde también se manejó un proyecto, acercado por camaristas de Casación al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para reducir el tribunal de 13 a 9 miembros, lo que congelaría el concurso por vía legislativa, aunque esta idea no avanzó.
La situación recuerda el antecedente del Concurso 140 para jueces federales de Comodoro Py en 2002, donde la revisión de calificaciones generó sospechas de trampa, impugnaciones en el Senado y una causa penal que, finalmente, concluyó con absolución.
