Ley de Propiedad Privada: la CGT y la Iglesia redoblan la presión contra la reforma de Federico Sturzenegger

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Iglesia Católica han intensificado su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ambas instituciones coinciden en que el proyecto, que busca eliminar las restricciones para la compra de tierras a extranjeros, atenta contra la soberanía nacional y los recursos naturales. Mientras tanto, el oficialismo, tras tres intentos fallidos, continúa negociando modificaciones para lograr su aprobación en la próxima sesión legislativa, con una reunión clave prevista para este miércoles.

La central obrera ha manifestado su preocupación en diversos comunicados, enfatizando que lo que está en juego es la «tierra, el agua, los ríos y los recursos naturales, que son la base de cualquier proyecto de desarrollo, producción y trabajo». Según la CGT, «sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica».

Puntos de conflicto en la Ley de Tierras y Manejo del Fuego

El principal foco de objeción radica en el capítulo que modifica la Ley de Tierras, eliminando la prohibición actual que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros al 15% del territorio nacional, provincial y municipal. La propuesta del Gobierno centraliza este porcentaje solo a nivel nacional, liberando los límites provinciales y municipales.

La CGT advierte que esta medida «significa entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua», haciendo una clara alusión a empresarios como Peter Thiel y Joe Lewis. En este último caso, recuerdan el conflicto por el acceso al Lago Escondido, calificándolo como «apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley». El mensaje final de los gremios a los legisladores es contundente:

A pocos días de conmemorarse el Día de la Independencia, hacemos un llamado urgente a las senadoras y los senadores nacionales que deberán decidir sobre una cuestión de enorme trascendencia histórica porque la Argentina no se vende.

La postura de la Iglesia, expresada a través de la Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), se alinea con la de la CGT. Señalan que el proyecto «creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse».

Además de la cuestión de las tierras, la Iglesia también objeta las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Consideran «alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido». El proyecto elimina la prohibición de realizar emprendimientos inmobiliarios o modificar el uso de la superficie afectada por incendios durante un período de 30 años.

La Iglesia concluye que el proyecto «debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles (…) para proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros. La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico», e insta a los senadores a guiar sus decisiones por el «bien común» y el «futuro de las generaciones venideras».

Negociaciones y el futuro del proyecto

A pesar de haber obtenido dictamen con modificaciones en mayo, el proyecto no ha logrado ser votado en el recinto debido a la falta de garantías de votos y complicaciones internas. El oficialismo lo suspendió en tres ocasiones y ahora busca llevarlo a votación en la sesión del 16 de julio. Para ello, la reunión de labor parlamentaria de este miércoles será crucial.

En el dictamen previo, se había otorgado mayor potestad a los gobernadores para decidir sobre la venta de tierras rurales, eliminando los límites porcentuales pero estipulando la necesidad de una solicitud expresa de la provincia y autorización del Poder Ejecutivo Nacional. El último borrador contempla el mismo procedimiento para empresas con capitales estatales y tierras en zonas de frontera. En el caso de compra por estados extranjeros, se había propuesto que la autorización pase por el Congreso, aunque ahora se evalúa la posibilidad de una prohibición directa.

Contexto de extranjerización de tierras

Según el Registro de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia, actualizado a agosto de 2025, ninguna provincia supera el 15% de extranjerización. Sin embargo, más de 30 departamentos sí exceden ese tope. Algunos, como Campana en Buenos Aires (50,27%), General Lamadrid en La Rioja (56,7%), Lacar en Neuquén (54,17%) y San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%) en Salta, superan el 50%. Se estima que estos distritos ya presentaban una extranjerización superior al 15% antes de la Ley de Tierras de 2011.