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Causa $LIBRA: la Sala I de la Cámara Federal, en el ojo de la tormenta por el futuro de los querellantes

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Los cinco exquerellantes del caso $LIBRA, que el viernes pasado fueron apartados por decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, apelarán el fallo. Esta medida elevará el debate sobre su permanencia como acusadores privados a la Sala I de la Cámara Federal, un tribunal que atraviesa un momento de alta inestabilidad, con el Gobierno impulsando cambios significativos en su composición.

La situación de la Sala I es compleja: dos de sus tres sillas están ocupadas de manera provisoria por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri y su continuidad no está asegurada, a la espera de un proceso de reemplazo que podría definirse antes de la feria judicial de invierno, prevista para el 20 de julio.

El avance de los concursos y la puja por los cargos

El Consejo de la Magistratura ya envió al Poder Ejecutivo las ternas para sustituir a Bruglia y Bertuzzi, aprobadas por 15 votos contra 5. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto al presidente Javier Milei, se aprestan a elegir a sus reemplazos. La llegada de Mahiques a la cartera de Justicia significó un cambio en la estrategia del Gobierno, que desechó una posible “solución amistosa” para los camaristas y reactivó el proceso de concurso.

Bruglia y Bertuzzi llegaron a la Cámara en 2018, trasladados desde tribunales orales. La Corte Suprema ordenó posteriormente que todos los traslados fueran cubiertos por jueces elegidos por concurso. El kirchnerismo intentó sin éxito desplazarlos, y ahora el actual Gobierno retoma el camino abierto por aquel fallo judicial.

La situación particular de Bruglia y Bertuzzi

Leopoldo Bruglia libra una batalla legal ante la Justicia internacional desde 2021, junto a Bertuzzi y el juez Germán Castelli, enfrentando al Estado argentino. En escritos recientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Bruglia argumentó que el Gobierno aplica el criterio de la Corte Suprema de manera “selectiva”, señalando que en casos idénticos al suyo no se promueve una nueva designación por concurso. Mencionó el caso de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, quien también fue trasladado al máximo tribunal penal durante el macrismo, pero cuya continuidad en el cargo más allá de la edad jubilatoria fue impulsada por el Gobierno.

Con este argumento, Bruglia solicitó a la CIDH una cautelar para frenar su reemplazo. La Comisión corrió traslado al Estado argentino, que deberá informar sobre el reclamo en el plazo de un mes, aunque la velocidad del proceso y el alcance de un eventual pronunciamiento de la CIDH son inciertos.

Pablo Bertuzzi tiene mayores posibilidades de mantener su cargo. Participó del concurso habilitado por el Consejo de la Magistratura y, pese a quedar en el puesto 21 en el primer orden de mérito, las entrevistas personales lo impulsaron a ser incluido en una de las dos ternas enviadas al Poder Ejecutivo.

La primera terna está conformada por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico. La segunda incluye a Julio César Di Giorgio, la fiscal Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi. En los próximos días, el Gobierno elegirá a dos de esos seis nombres. Los que más resuenan son Yadarola, Incardona y Bertuzzi, para cubrir dos vacantes. Los pliegos deberán ser aprobados por el Senado y luego nombrados por el Presidente.

El impacto en la causa $LIBRA y antecedentes de la Sala I

El reclamo de las querellas de la causa $LIBRA podría llegar a la Cámara Federal la próxima semana. Sin embargo, la reconfiguración de la Sala I podría ocurrir una, dos o tres semanas después, lo que podría alterar la integración del tribunal que tome la decisión final sobre la continuidad de los acusadores privados.

En temas similares, la Sala suele expedirse en aproximadamente 15 días. No obstante, si alguno de los jueces actuales demorara su voto, la composición de la Sala podría cambiar antes de la resolución. Un antecedente relevante es un fallo de abril de este año, donde la Sala I, de manera unánime, rechazó incluir como querellantes a dos inversores bielorrusos que se declararon damnificados por el colapso de $LIBRA. En esa ocasión, Bertuzzi y el tercer magistrado de la Sala, Mariano Llorens, junto a Bruglia, argumentaron el “relativo anonimato” de las operaciones cripto y la falta de acreditación de la titularidad del dinero afectado. Un argumento similar fue utilizado por Martínez de Giorgi para apartar a los cinco querellantes.

La Cámara Federal ya admitió a las querellas que hoy fueron apartadas por el juez. Pero fue la otra Sala de la Cámara la que intervino y dijo que la condición de las querellas podía cambiar en el futuro.

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