Caso $LIBRA: apartan a los querellantes y «acrecientan el horizonte de impunidad»

Casi un año y medio después de que la primera denuncia por el caso $LIBRA llegara a la Justicia argentina, el expediente que investiga el colapso de la criptomoneda atraviesa un momento crítico. Tras pasar por las manos de al menos cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas, y sin haber citado a declarar a un solo testigo o acusado, la reciente decisión de apartar a todos los querellantes acrecienta el horizonte de impunidad para la causa.

El paso más reciente en este complejo derrotero judicial es la resolución firmada hoy por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. A pedido del acusado Mauricio Novelli, el magistrado apartó a todos los querellantes del expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. La decisión se fundamenta en que, según el juez, los querellantes no lograron demostrar fehacientemente que fueran inversores perjudicados por el colapso del “memecoin” en febrero de 2025.

Para justificar su resolución, Martínez de Giorgi dedicó más de quince páginas a analizar si la volatilidad es inherente a los “memecoins” o si los impulsores Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy buscaron engañar a los inversores. Esta cuestión, que es de fondo en la investigación, fue abordada por el juez cuando solo debía resolver una cuestión procesal: la legitimación de los damnificados para intervenir en la causa. Al sostener que las pérdidas podrían responder al riesgo propio de un mercado altamente volátil y no a una maniobra fraudulenta, el juez adelantó opinión sobre el objeto mismo de la pesquisa.

El magistrado sostuvo, además, que los querellantes debían acreditar “de manera fehaciente” la titularidad de sus billeteras, el origen de los fondos y una conexión causal directa antes de que concluyera la investigación, a pesar de reconocer que esas pruebas todavía están en curso. En otras palabras, los excluyó por falta de prueba que el propio proceso debería producir. Incluso trasladó a los particulares cargas investigativas que corresponden al Estado, como reconstruir la trazabilidad de operaciones o identificar a los titulares de billeteras digitales mediante peritajes, exhortos o pedidos de cooperación internacional.

La contradicción se vuelve aún mayor porque el propio juez admitió en su resolución que la investigación todavía no logró establecer quiénes son los titulares de las billeteras ni reconstruir completamente el recorrido de los fondos, pero aun así concluyó que esos mismos inversores no sufrieron una afectación directa. Si la maniobra todavía no pudo reconstruirse íntegramente, la pregunta es cómo puede descartarse ya la condición de víctimas.

Este será, probablemente, uno de los ejes de la apelación de los ahora excluidos del expediente ante la Cámara Federal. Si el delito investigado es una presunta defraudación, resulta difícil explicar quién podría estar más directamente afectado que quien compró $LIBRA y perdió dinero como consecuencia de la maniobra denunciada. La resolución también parece confundir pérdida patrimonial con riesgo de mercado. Al afirmar que los hechos ocurrieron en un ámbito caracterizado por volatilidad y escasa regulación, el juez asume como válida una de las hipótesis defensivas –que todo obedeció a la dinámica propia de las memecoins– cuando esa es una de las cuestiones que la instrucción debería esclarecer. Si finalmente se determina que existió fraude, el riesgo propio del mercado dejará de ser una explicación suficiente.

Desafío a la Cámara Federal

La resolución de Martínez de Giorgi se aparta, en los hechos, del criterio fijado por la Cámara Federal meses atrás. El tribunal de alzada había admitido a los querellantes y había dejado abierta la posibilidad de revisar esa decisión una vez producidas determinadas medidas técnicas especializadas sobre blockchain y trazabilidad. Sin embargo, esa revisión llegó antes de que esas medidas concluyeran.

En definitiva, la resolución del juez exige una prueba casi definitiva del fraude para reconocer legitimación a quienes justamente afirman haber sido víctimas de ese fraude. Eleva así el estándar probatorio propio de una incidencia procesal hasta un nivel cercano al de una sentencia sobre el fondo, cuando la investigación sigue incompleta: no terminaron los peritajes, no llegaron todas las respuestas a exhortos y oficios, y no hubo testigos ni indagatorias.

La decisión resulta todavía más llamativa porque el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) reconoció en el expediente que carece de las herramientas, el presupuesto y las licencias tecnológicas necesarias para avanzar con el análisis de las billeteras. A ello se suma otra exigencia a los querellantes: pedirles que acrediten el origen de los fondos utilizados para comprar $LIBRA, cuando el objeto del proceso no es investigar el patrimonio de las presuntas víctimas, sino determinar si existió una maniobra defraudatoria y si el Presidente incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública.

Así, si los fiscales reconocen que todavía no cuentan con los recursos técnicos necesarios para investigar y los querellantes –que impulsaban buena parte de las medidas de prueba y las apelaciones– quedan excluidos del expediente, y todavía no hubo testigos ni indagatorias, el futuro de este expediente se vuelve incierto.