Algodonera Avellaneda: la Justicia extiende el plazo para evitar la quiebra y exige un plan de crisis

La Justicia santafesina concedió una última oportunidad a la histórica firma Algodonera Avellaneda, actualmente en concurso preventivo, para que evite el salvataje o, en última instancia, la quiebra. El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, resolvió otorgar un “período extraordinario” que se extenderá hasta el 10 de agosto de 2026 a las 12 horas, sin plazos adicionales ni días de gracia, para que la textil del norte provincial, ligada a la familia Vicentin y con unos 360 empleados, consiga el apoyo de sus acreedores y logre el acuerdo que hasta ahora le ha sido esquivo.

La decisión judicial llega después de que, a mediados de mayo pasado, venciera el período de exclusividad sin que la compañía reuniera las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras para homologar una propuesta de pago. En ese momento, el único acuerdo conseguido por Algodonera Avellaneda era con sus trabajadores. El principal obstáculo fue el rechazo del Banco de la Nación Argentina (BNA), que concentra más del 80% del pasivo verificado, a las alternativas presentadas por la empresa.

El conflicto con el Banco Nación y la “tercera vía” judicial

Ante la negativa del BNA, la algodonera había solicitado la exclusión del voto del banco, argumentando que actuaba como un acreedor “hostil”. Según la empresa, el BNA “ostenta un crédito verificado, con carácter quirografario, por las sumas de $1.585.782.428,89 y US$260.791.600,40 representando ello, a los efectos del cómputo de las mayorías, un 80% del pasivo quirografario verificado y/o declarado admisible”. La compañía sostenía que, dada la magnitud de la deuda, cualquier negativa del Nación hacía imposible alcanzar las mayorías legales.

Por su parte, el BNA había justificado su posición indicando que la empresa “no cumplió con las condiciones mínimas que permitirían hacer viable la propuesta, visto que no recuperaba el 100% de los créditos desembolsados a las empresas Algodonera Avellaneda y Vicentin que operaban en forma mancomunada”.

Sin embargo, el juez Lorenzini no le dio la razón a ninguna de las partes. En lugar de resolver sobre la exclusión del voto del BNA o declarar el fracaso del concurso, el magistrado optó por un camino excepcional conocido en la jurisprudencia como “tercera vía”. Esta figura consiste en otorgar al deudor un nuevo plazo para que mejore sus propuestas y sume apoyos. Lorenzini sostuvo que “no se procederá en forma inmediata a la declaración de existencia o inexistencia de mayorías”, sino que “se propiciará una tercera vía breve, para permitir que la empresa en crisis explore alternativas superadoras con la ayuda de sus acreedores en general, y del BNA en particular”.

El juez calificó el conflicto como un “caso difícil”, donde chocan dos intereses protegidos por la ley: “la protección del crédito y la preservación de las empresas viables”. El magistrado enfatizó la necesidad de un “esfuerzo compartido de todos los protagonistas y evitando la aniquilación de uno a manos del otro”, y señaló que las “asimetrías de poder” entre un gran banco estatal y una empresa privada deben ser examinadas en la ponderación constitucional y convencional.

El origen del endeudamiento y las condiciones para la prórroga

El fallo de Lorenzini también se adentró en el origen del endeudamiento de Algodonera Avellaneda. Según el magistrado, la crisis financiera de la textil no se explica únicamente por su actividad industrial, sino por una operatoria conjunta con Vicentin. Ambas compañías asumieron garantías cruzadas para respaldar operaciones financieras destinadas principalmente a la agroexportadora. Entre 2018 y 2019, el Banco Nación desembolsó créditos por unos US$284 millones, además de existir una fianza por US$300 millones firmada por directores de la algodonera y decenas de pagarés que hoy son parte de distintos procesos judiciales.

“El endeudamiento de Algodonera Avellaneda SA, fue progresivo y conjunto con la sociedad Vicentin SAIC; con el apoyo de los accionistas de ambas sociedades, directores y administradores integrantes del grupo de control societario de ambas empresas”, sostuvo el juez, agregando que esas garantías terminaron “originando un severo compromiso patrimonial de la textil”.

La situación económica de la empresa es crítica: cerró 2024 con un patrimonio neto negativo superior a $15.461 millones, mientras que el pasivo verificado asciende a alrededor de $452.154 millones. Además, la deuda generada después del concurso —principalmente con empresas de energía, trabajadores y el fisco— supera los $6818 millones.

La prórroga concedida por el juez está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones. Algodonera Avellaneda deberá presentar un plan de crisis operativo, comercial y financiero para los próximos 36 meses, un documento que, según Lorenzini, “nunca fue presentado” pese a haber sido solicitado, “sobre todo considerando la vulnerabilidad extrema que atraviesan sus propios trabajadores”.

Al BNA, en tanto, se le exigió acreditar las normas internas que le impedirían otorgar quitas, una cuestión “largamente citada pero no acreditada en este caso”. El banco deberá explicar, además, cómo impactarán en esta deuda los cobros que percibirá en el concurso de Vicentin, codeudora solidaria. La sindicatura presentará informes semanales para “evitar la apertura de un proceso liquidativo”.

Si el 10 de agosto de 2026 no se logran las mayorías requeridas, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia el salvataje —el mecanismo que en el caso Vicentin terminó con el Grupo Grassi al mando de la cerealera— o hacia la quiebra. El propio fallo concluye que la liquidación sería el peor escenario para todos: para los acreedores, por las menores chances de recupero; para los trabajadores, por la pérdida de fuentes de trabajo, y para la región, por la interrupción de un círculo productivo.