Regulación de redes sociales: el Congreso debate cómo proteger a menores frente a algoritmos y adicciones

En sintonía con una tendencia global que comenzó en Australia y se extendió por Europa, el Congreso Nacional inició el debate sobre diversos proyectos para regular el uso de las redes sociales entre menores. El objetivo principal es proteger el bienestar físico y mental de niños y adolescentes, ante un “vacío normativo” que hoy permite a algoritmos y modelos de negocio captar su atención y sus datos sin restricciones adecuadas.

Las iniciativas, que ya se analizan en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, abordan múltiples aspectos: desde la privacidad de los perfiles y los contenidos a los que están expuestos, hasta la prohibición de publicidad de apuestas online. Este abordaje busca establecer un marco legal para un uso responsable, considerando la creciente cantidad de estudios sobre el impacto de las redes y el acceso cada vez más temprano de los menores.

Edades mínimas y verificación de identidad

Uno de los puntos clave y con mayores divergencias entre los proyectos es la edad mínima para ingresar a las redes sociales. La propuesta de Unión por la Patria, firmada por diputados como Nicolás Trotta, Roxana Monzón, Pablo Yedlin, María Jimena López y Hugo Yasky, plantea el esquema más restrictivo: prohíbe las cuentas para menores de 14 años, incluso con consentimiento parental. Entre los 14 y 16 años, requerirían autorización de padres o tutores y la vinculación obligatoria de sus cuentas al perfil de un adulto. A partir de los 16, podrían registrarse con configuraciones “reforzadas de protección”.

Por su parte, el proyecto de María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, establece la barrera en los 13 años para “servicios de alto riesgo”, exigiendo consentimiento expreso de los padres para adolescentes de 13 a 16. A partir de esa edad, los adolescentes podrían consentir el tratamiento de sus datos personales bajo su “autonomía progresiva”.

El diputado Esteban Paulón, también de Provincias Unidas, enfoca su iniciativa en garantizar que los adolescentes puedan habitar el mundo digital “en condiciones adecuadas a su desarrollo”. “No estoy de acuerdo con la prohibición, no creo en eso. A lo que tenemos que apuntar es a que los pibes puedan usar mejor las redes, a que se involucren los padres y las escuelas. Y necesitamos avanzar cuanto antes porque está descontrolado”, declaró a LA NACION.

Todos los proyectos coinciden en la necesidad de mecanismos fehacientes de verificación de edad en el proceso de registro, eliminando la autodeclaración. Se proponen métodos como biometría o el uso del Sistema de Identidad Digital (SID) del Renaper, e incluso controles periódicos de reverificación.

Algoritmos adictivos y privacidad por defecto

Las iniciativas buscan responsabilizar a los proveedores de servicios digitales por la prevención y el diseño seguro para proteger a los menores. Esto alcanzaría a plataformas como X, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram o Discord. De aprobarse, deberían presentar informes semestrales al Congreso detallando la implementación de medidas, planes de mejora y estadísticas. El incumplimiento podría acarrear sanciones que van desde apercibimientos y multas hasta la cancelación en todo el territorio nacional.

Un eje central es la privacidad de los perfiles. Los proyectos buscan que la protección sea una configuración inicial obligatoria y no dependa de un ajuste manual del usuario. Pablo Juliano, también de Provincias Unidas, define el “diseño seguro por defecto” como principio rector de su ley. Esto implicaría que, al crear una cuenta, la plataforma aplique el máximo nivel de privacidad: perfil privado, geolocalización desactivada, mensajes directos solo de contactos aprobados y publicaciones no amplificadas por algoritmos a desconocidos.

Asimismo, se busca avanzar sobre los algoritmos adictivos, identificados como un riesgo estructural. La iniciativa de Juliano prohíbe el perfilamiento conductual para menores de 13 años y las técnicas de diseño adictivo. El proyecto de Unión por la Patria propone la prohibición de algoritmos que empleen datos personales para la “captación compulsiva de la atención”. Las propuestas también exigen evaluaciones de impacto antes de lanzar nuevas funciones digitales que puedan generar “uso compulsivo”.

“Estás permitiendo un mercado donde la atención de los chicos es la mercadería. Hay que erradicarlo. Además de la atención, me parece importante hablar de la desproporcionalidad. ¿Cómo les vas a pedir a las familias que peleen contra estas empresas?”, argumentó Juliano a LA NACION.

Las plataformas deberán informar de manera “clara, accesible y previa” a menores y progenitores sobre los riesgos, configuraciones de privacidad y mecanismos de denuncia. También se exigirá la implementación de mecanismos para detectar y prevenir usos problemáticos, como alertas al usuario. Juliano propone “límites automáticos de uso continuo e interrupciones activas no eludibles”. Paulón, desde un enfoque de salud pública, plantea que la autoridad de aplicación genere protocolos de identificación y atención de usos problemáticos. Además, se busca que los proveedores pongan a disposición recursos de control parental que permitan la administración de permisos, limitación de tiempos de uso y filtro de contenidos, respetando siempre la autonomía del menor.

Publicidad, influencers y apuestas online

Las iniciativas de Provincias Unidas y Unión por la Patria coinciden en prohibir la publicidad para menores de 16 años. Para adolescentes de 16 a 17, la publicidad deberá ser “adecuada a su edad” y no podrán amplificarse productos prohibidos para mayores de 18. Las plataformas deberán implementar “medidas técnicas” para impedir la segmentación publicitaria prohibida. El proyecto de Juliano plantea la prohibición de publicidad para menores de 13 y luego, que no se base en sus conductas.

También se busca evitar la exposición a publicaciones con recomendaciones o contenido médico, salvo que provengan de un profesional con matrícula vigente. El proyecto de Paulón exige que los contenidos con fines comerciales de influencers sean identificados como “publicidad”.

La propuesta de Unión por la Patria establece que las búsquedas asistidas por inteligencia artificial deberán incorporar filtros de seguridad para bloquear consultas vinculadas a autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios, apuestas, pornografía, explotación sexual infantil o contenidos que promuevan la violencia o el acoso digital. Si detectan un “riesgo crítico”, las plataformas deberían bloquear la información, mostrar recursos de ayuda y notificar a los adultos responsables.

Se busca legislar sobre las apuestas y plataformas de pago digitales, así como restringir o vetar las “cajas de recompensa” o premios aleatorios en videojuegos. Los proyectos de Unión por la Patria y Paulón prohíben su promoción a menores. El primero, además, propone obligar a las billeteras virtuales a bloquear automáticamente transacciones hacia sitios de apuestas y notificar a los padres ante patrones de consumo sospechosos.

El debate sobre el uso de celulares en las escuelas

No hay consenso sobre el uso de celulares en el ámbito escolar. El proyecto de Unión por la Patria propone prohibir el uso de dispositivos personales durante todo el horario de clases en los tres niveles obligatorios, con excepciones para fines pedagógicos. Juliano introduce el “derecho a la desconexión escolar”, prohibiendo que las instituciones exijan tareas o comunicaciones virtuales fuera del horario de jornada o durante el receso. Paulón, en cambio, apuesta por la formación en “ciudadanía digital”, dejando la regulación del uso de dispositivos en manos del Consejo Federal de Educación.

Los proyectos comenzaron a debatirse en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, presidida por Pablo Yedlin, con María Gabriela Flores (La Libertad Avanza) como vicepresidenta. “Estamos en una etapa de escucha e investigación. Estamos pidiendo información a los ministerios de Justicia y Seguridad para saber que está haciendo el Ejecutivo actualmente para luego legislar. Por supuesto que si involucra el interés del niño vamos a habilitar la discusión”, dijo Flores a LA NACION. Se espera que las reuniones avancen tras el receso invernal.

Nicolás Trotta, exministro de Educación, expresó la esperanza de que “como trata sobre derechos de los niños, sea más fácil construir consenso”. Roxana Domínguez, fundadora de la Asociación Mamá en Línea e impulsora de la ley contra el grooming, subrayó a LA NACION: “La regulación de las plataformas no debe leerse solamente como una discusión normativa, sino como parte de una evolución necesaria frente a la transformación de la comunicación humana. La infancia ya transita su vida social dentro del ecosistema digital, por eso si un niño es sujeto de derecho en el mundo físico, no pierde esa condición cuando enciende un celular”.

Finalmente, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el presidente francés, Emmanuel Macron, publicaron en Project Syndicate una declaración conjunta, la primera de la OMS sobre el tema, destacando la “necesidad urgente” de que los estados tomen medidas y la importancia de la colaboración entre gobiernos, industria, sociedad civil e instituciones de salud pública para “maximizar los beneficios y minimizar los daños” del mundo digital en los jóvenes.