Caso AFA: El juez Amarante pidió investigar la mansión de Pilar vinculada a Tapia y Toviggino
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante solicitó que la causa que investiga la compra de una lujosa mansión en Pilar, presuntamente vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, tramite en su juzgado. Amarante es el mismo magistrado que ya procesó a ambos dirigentes por una retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales.
Fuentes judiciales informaron que el juez considera que ambas causas están intrínsecamente ligadas y que la unificación de los expedientes en su tribunal optimizaría los recursos, evitaría la duplicación de medidas probatorias y garantizaría de manera más efectiva el derecho a la defensa de los investigados. El expediente por evasión fiscal se encuentra en una etapa más avanzada y contempla penas mayores, lo que, según Amarante, justifica su concentración.
Las sospechas sobre la mansión de Pilar
La propiedad en cuestión, ubicada en Pilar, cuenta con 105 mil metros cuadrados, helipuerto y cancha de pádel. Formalmente, la mansión está a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Luisa Conte, a través de la sociedad Real Central SA. Sin embargo, la Justicia sospecha que ambos serían prestanombres de Toviggino, dado que ninguno posee la capacidad económica declarada para semejante adquisición.
Las investigaciones iniciales en la propiedad revelaron varios elementos que refuerzan esta hipótesis: se encontró un bolso con el nombre de Toviggino, una plaqueta del club Barracas Central y 54 autos de lujo y colección cuyas cédulas azules —que autorizan a manejarlos— estaban a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
El laberinto judicial de la causa
La investigación sobre la mansión se inició el año pasado y ha transitado por varios juzgados. Comenzó con el magistrado federal Daniel Rafecas, quien ordenó allanamientos en la propiedad. Luego pasó al Juzgado Penal Económico 10, subrogado por Marcelo Aguinsky. Este último planteó la hipótesis de que la propiedad se había adquirido con fondos de la AFA, y determinó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la entidad con un gasto mensual de 50 millones de pesos, que incluía el pago de Telepase para los vehículos.
Posteriormente, la defensa de Pantano y Conte logró que la causa se remitiera a la justicia federal de Campana, bajo el juez Adrián González Charvay, argumentando cuestiones de jurisdicción. Sin embargo, fiscales apelaron esa decisión y la Cámara Federal de Casación Penal ordenó una nueva resolución. Así, la Cámara Penal Económico dispuso que el expediente regresara al Juzgado 10, ahora a cargo de la jueza Verónica Straccia, quien recibió la semana pasada la causa.
Conexión con la causa de evasión fiscal
El procesamiento de Tapia y Toviggino por la retención indebida de los 19.300 millones de pesos, confirmado por la Cámara, se inició a raíz de una denuncia de ARCA, que luego fue ampliada para investigar el uso de facturas falsas por parte de la AFA para justificar gastos inexistentes. En este contexto, el juez Amarante recibió una nueva denuncia que lo llevó a considerar la conexión de todos los expedientes.
“A criterio del suscripto no existe controversia alguna respecto de que en ambas causas se configura el referido supuesto de conexidad subjetiva”, sostuvo Amarante, quien añadió que la causa de la mansión de Pilar investiga “un complejo entramado societario y de relaciones económica entre distintas personas físicas y jurídicas, en principio con un denominador común relacionado con distintas entidades vinculadas al fútbol profesional, situación que merece un análisis y diligencia especial para su investigación”, lo que se vincula a sus expedientes.
El fiscal Claudio Navas Rial se opuso a la unificación de las causas. No obstante, Amarante argumenta que la causa por evasión tiene penas de prisión mínimas más altas y una “intensa actividad probatoria desplegada y con el dictado de resoluciones de mérito”, mientras que la de la casa de Pilar “se encuentra en una etapa inicial, sin que a la fecha se haya emitido pronunciamiento respecto de la situación procesal de los imputados”. Ahora, la jueza Straccia puede negarse al pedido, y en ese caso, la Cámara en lo Penal Económico deberá resolver la disputa.
