Tarifazo: el peso de los servicios públicos en el ingreso familiar se multiplicó hasta por cuatro en la gestión Milei

La política de recomposición de tarifas impulsada por el Gobierno de Javier Milei ha reconfigurado drásticamente la estructura del gasto de las familias argentinas. Este «sinceramiento de precios relativos», que implicó una drástica reducción de subsidios, trasladó una porción significativamente mayor del costo de la electricidad, el gas, el agua y el transporte directamente a los usuarios. El fenómeno se agudiza en un contexto donde, según diversas encuestas de opinión, la mayoría de los argentinos declara no llegar a fin de mes.

Un reciente informe de Fundación Capital dimensiona el impacto de esta medida. En una familia con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, el gasto en tarifas escaló al 22% del ingreso mensual, lo que representa más de cuatro veces el 5,3% que absorbía en diciembre de 2023. De manera similar, un hogar con dos jubilaciones mínimas vio cómo este porcentaje se triplicó, pasando del 5,1% al 17,3%.

El aumento del peso de los servicios públicos no fue exclusivo de los sectores de menores recursos. Para una familia con un ingreso mensual de $1,5 millones (equivalente al ingreso medio), la participación de las tarifas se duplicó, del 7% al 14%. En un hogar con un salario medio del sector formal, el incremento fue casi del triple, del 3,8% al 10,7%. Incluso entre los sectores de mayores ingresos, como una familia con $4,5 millones, el gasto en tarifas se triplicó (del 2% al 6%), y en el decil de mayores ingresos, se duplicó (del 1,6% al 3%).

Impacto en el presupuesto familiar y el ingreso disponible

La recomposición tarifaria, sumada a una inflación que, si bien se desacelera, no licúa la magnitud de los aumentos iniciales, ha provocado que una porción creciente del presupuesto familiar quede comprometida al pago de gastos fijos. Esto reduce significativamente el margen disponible para otros consumos, demorando la recuperación del ingreso disponible, incluso cuando los salarios comienzan a mostrar signos de recomposición en algunos sectores.

Este diagnóstico es compartido por el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). Según este estudio, una familia promedio del AMBA sin subsidios necesitó en junio $282.758 para cubrir los gastos de electricidad, gas, agua y transporte. Esta canasta de servicios públicos experimentó un aumento del 10,1% respecto de mayo y un 54% interanual, superando ampliamente la inflación general. Este monto ya representa el 15% de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 919%, mientras que la inflación totalizó 236% en el mismo período.

El informe del IIEP también señala que hoy un salario promedio alcanza para cubrir 6,8 canastas de servicios públicos, mientras que un año atrás permitía afrontar ocho. Las tarifas cubren en promedio el 58% del costo de esos servicios, con el Estado financiando el 42% restante, una proporción significativamente menor que al inicio de la gestión debido a la reducción de subsidios.

La visión del Gobierno y el costo social

El traslado de costos a los usuarios ha tenido como contrapartida una marcada reducción del gasto estatal en subsidios energéticos. La consultora Economía y Energía estima que las transferencias para sostener las tarifas de electricidad y gas pasaron de representar alrededor del 1,5% del PBI en 2023 al 1% en 2024 y se proyecta al 0,5% en 2025. En términos nominales, esto implica un recorte de aproximadamente US$5700 millones, pasando de unos US$9600 millones en el último año de la administración anterior a cerca de US$4000 millones proyectados para 2025.

El propio Gobierno reconoce que el sinceramiento tarifario tuvo costos para los hogares, aunque sostiene que era un paso necesario para ordenar la economía. En su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Adrián Ravier defendió este martes la estrategia oficial y afirmó que las tarifas deben “retornar a sus precios de mercado” para reflejar sus costos reales. Admitió que se trata de una medida “ingrata”, con “costo social y costo político”, y sostuvo que mantener los servicios por debajo de su valor implicaba sostener subsidios que, en última instancia, “alguien tenía que pagar”.

Para el funcionario, el atraso tarifario y de otros precios regulados fue una de las herramientas utilizadas por el gobierno de Alberto Fernández para contener la inflación, que de todos modos superó el 200% anual. Ravier afirmó que “la inflación reprimida no se veía en el IPC” y explicó que la normalización de estos valores es una condición necesaria para incentivar la inversión, reducir el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas y consolidar el equilibrio fiscal.

La recomposición tarifaria coincide con la percepción de deterioro del poder adquisitivo. Una encuesta nacional de Casa Tres a junio mostró que el 59% de los consultados asegura que el ingreso familiar no alcanza para llegar a fin de mes, mientras que solo el 40% afirma poder cubrir sus gastos mensuales. Las expectativas también se deterioraron, con apenas uno de cada cuatro creyendo que su situación económica mejorará en un año.