Litigio de los cupones PBI: el Gobierno de Milei enfrenta un reclamo de hasta US$9100 millones tras cerrar el capítulo holdouts
Tras la reciente aprobación legislativa del acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, que puso fin a los últimos litigios derivados del default de 2001, el Gobierno de Javier Milei se prepara para un nuevo y millonario frente judicial. El próximo desafío se centra en los bonos cupón PBI (GDP Warrants), con una sentencia firme en Londres por aproximadamente €1500 millones (unos US$1800 millones) y nuevos reclamos que podrían elevar la exposición del Estado argentino a cifras significativamente mayores.
Este cambio de etapa ya había sido anticipado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su revisión del programa argentino, publicada en mayo, el organismo señaló que las autoridades habían expresado su intención de buscar una solución “integral” para el litigio de los GDP Warrants una vez resueltos los atrasos con los holdouts. Con ese capítulo prácticamente cerrado, el FMI consignó que el Gobierno había comunicado que “pronto” retomaría las conversaciones con los acreedores de estos instrumentos.
Sentencias en Londres y nuevos reclamos
En la capital británica, ya existe una sentencia firme que obliga a Argentina a pagar alrededor de €1500 millones, correspondiente al año de referencia 2013. Este fallo quedó definitivo en octubre de 2024 y, según el propio FMI, unos €300 millones ya fueron abonados a principios de este año mediante la ejecución de una garantía. Sin embargo, el frente judicial no se detiene allí.
Los mismos demandantes solicitaron este año a la Justicia británica que extienda ese criterio a otros años de referencia, principalmente 2017, 2021 y 2022, con un nuevo reclamo que asciende a cerca de €1600 millones. En paralelo, los acreedores han iniciado un proceso en Estados Unidos para lograr el reconocimiento y la ejecución de la sentencia británica, lo que podría habilitar nuevas vías para el cobro del fallo.
El origen del conflicto: el cálculo del PBI
La disputa central de los bonos cupón PBI gira en torno a la metodología utilizada para calcular el Producto Bruto Interno (PBI), la variable que determina si estos instrumentos deben activar pagos adicionales. Emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010, estos bonos ofrecían una renta extra a los acreedores si la economía argentina superaba ciertos umbrales de crecimiento y actividad.
El conflicto contractual surgió a raíz del cambio de año base de las cuentas nacionales, realizado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner (de 1993 a 2004). Los acreedores argumentan que esta modificación alteró las reglas originales del instrumento y, consecuentemente, redujo los pagos que les correspondían. La Justicia británica ya les dio la razón para el año 2013, y ahora la discusión se centra en si este criterio debe aplicarse a ejercicios posteriores y si Argentina buscará una salida negociada.
Estrategia de negociación y exposición financiera
Desde el Gobierno, si bien evitaron confirmar si ya existen nuevas conversaciones, fuentes oficiales explicaron a LA NACION que la estrategia de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Economía, ante una sentencia firme, es intentar “mitigar o reducir” el impacto económico para el Estado mediante negociaciones confidenciales.
“Cuando una sentencia está firme, no es rendirse; es seguir trabajándola cuando se puede”, señalaron, remarcando la necesidad de absoluta reserva para evitar el fracaso de un eventual acuerdo.
El antecedente de Bainbridge y Attestor, donde el Gobierno logró una quita de entre el 30% y 35% sobre los montos reclamados y redujo el desembolso a US$171 millones, es visto por la administración de Javier Milei como una política de Estado: cumplir con las sentencias firmes, pero buscando disminuir el costo fiscal a través de acuerdos.
Según un informe de Latam Advisors, presentado a tenedores de estos instrumentos en Nueva York, la exposición actualmente cuantificada ronda los US$9100 millones y podría aumentar si se incorporan nuevos años de referencia al litigio. La consultora sugiere un proceso en dos etapas: primero resolver las sentencias firmes del Reino Unido y luego lanzar una oferta más amplia –mediante un canje o recompra– para eliminar el riesgo de futuros litigios. Una visión similar fue publicada por Morgan Stanley el 9 de junio, indicando que hay “múltiples factores” que sugieren que Argentina podría estar acercándose a una resolución parcial o total del conflicto, incluyendo el avance con los holdouts.
