Caso Axel González: piden la detención de tres policías por la desaparición del joven en Chaco

“Abrigate, nene, que hace frío”. Esa fue la última frase que María Inés Gómez le dijo a su hijo, Axel Alejandro González, antes de que el joven de 21 años saliera de su casa en el barrio Takay de Puerto Tirol, Chaco. Más de un mes después de aquel sábado 16 de mayo, el paradero de Axel es una dramática incógnita que mantiene en vilo a su familia y a la provincia, con la fuerte sospecha de la madre: “Estoy segura de que la policía está detrás de la desaparición de mi hijo”.

Axel salió de su hogar cerca de las ocho de la noche con la intención de encontrarse con su novia, Ludmila Villordo. Antes, tomó carne y chorizos sobrantes de un asado para preparar una cena. Testimonios en la causa reconstruyen que Axel se demoró en la calle hasta la madrugada con su amigo de la infancia, Ariel Lázaro. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio, aunque con un punto clave: Ludmila Villordo declaró que su novio le envió un audio contándole que había sido interceptado por un patrullero y que los policías lo estaban hostigando, acusándolo del robo de una moto.

La presencia policial fue confirmada por Ariel Lázaro, quien declaró haber visto a Axel correr hacia una zona de monte para escapar de un móvil de la Comisaría 2ª de Fontana.

Al día siguiente, el domingo 17 de mayo, María Inés Gómez se presentó en la seccional de Fontana para preguntar por su hijo. Ante la negativa, intentó asentar la denuncia por desaparición, pero un oficial se negó argumentando que le correspondía otra jurisdicción. “Desde el primer momento desconfié de los policías de la comisaría de Fontana”, asegura la madre.

Ricardo Osuna, padre de Axel y parte de la querella, requirió la citación en calidad de imputados de los tres policías que viajaban en el móvil N-156 durante la noche del 16 y la madrugada del 17 de mayo: el oficial subayudante Roberto Barrios y los agentes Antonello Méndez y Claudio Tropez. “Yo no sé por qué no están detenidos si ellos fueron los que lo persiguieron esa noche; ellos fueron los que hicieron desaparecer a mi hijo”, insiste María.

La ineficaz búsqueda y la responsabilidad policial

Días después de iniciada la búsqueda, la Procuración General del Chaco conformó un equipo de fiscales para centralizar las actuaciones. Esta decisión, oficializada por la Resolución N°49/26 firmada por el procurador general Jorge Canteros, se tomó luego de que el fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos se declarara incompetente. Santos consideró que no existían elementos suficientes para sostener una hipótesis de desaparición forzada o responsabilidad policial directa.

“El fiscal Santos estuvo pintado al óleo; no hizo un pomo. En los 10 u 11 días en los que tuvo la causa tomó solo seis declaraciones, de las cuales cuatro eran parientes o personas del entorno de Axel: la mamá, el papá, la hermana y la novia. Le pedimos la intervención de las fuerzas federales porque ante la mera sospecha de que la policía pudiese estar involucrada hay que apartarla de la investigación. Nosotros estamos convencidos de que se trata de un caso de desaparición forzada de persona, pero el fiscal nunca nos recibió y mandó a los policías a investigarse a ellos mismos”, se queja Gabriela Tomljenovic, abogada de la querella en representación de la madre.

La abogada de la querella critica la actuación de Santos, señalando que “metió presos a siete civiles, de los cuales ya liberaron a cuatro; todos los conocemos en la zona, sabemos que están vinculados a la venta de drogas, pero no hay que pensar en grandes narcos como Pablo Escobar, sino en ‘transas’ de un barrio de la periferia. Ese mismo día, después de ordenar las detenciones, se declaró incompetente. Es evidente que le quedó grande el caso”.

Su colega, Celeste Segovia, quien patrocina al padre de Axel, coincide en que “es impresionante el cúmulo de testimonios que señalan una persecución por parte de los policías, incluso hay un testigo que refiere que lo vio adentro del patrullero y que le gritó que le avisara a su mamá”. La familia de Axel recuerda que el joven ya había sido detenido previamente por la Comisaría 2ª de Fontana y llevado al monte, donde fue forzado a golpear a otro chico bajo amenaza.

Las pruebas y los pedidos de la querella

De los siete civiles detenidos inicialmente, solo tres permanecen con prisión preventiva. La fiscal Julieta Arolfo, integrante del Equipo Fiscal Especial, estableció que Antonio Omar Íñiguez y Leonardo Nicolás Silva están imputados por encubrimiento, mientras que Ramón Antonio “Cuno” Gómez, exsuegro del joven, está acusado de amenazas. Agustín Daniel Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Sergio Ramón Gómez y Rosario Lorena Gómez (exnovia de Axel) fueron liberados, aunque siguen imputados.

Aunque la investigación apuntó inicialmente a parientes de la expareja de Axel por antecedentes de violencia entre las familias, la querella siempre mantuvo sus sospechas sobre violencia institucional. El pedido de citar a los policías Roberto Barrios, Antonello Méndez y Claudio Tropez como imputados busca sus detenciones, argumentando que “se trata de personas que, por razón de sus funciones, poseen conocimiento de los procedimientos internos, acceso a documentación institucional, contacto directo con otros efectivos policiales y capacidad objetiva de influir sobre fuentes probatorias de singular relevancia para el esclarecimiento del caso”.

El escrito de los padres de Axel señala que el agente Barrios reconoció haber intervenido en un procedimiento con “dos sujetos” (Axel y Lázaro), y que uno de ellos “huyó hacia un baldío”. Un jefe policial, bajo reserva, admitió haber estado al tanto del procedimiento, lo que para la querella demuestra que “los hechos investigados no fueron ajenos al conocimiento institucional de la dependencia policial involucrada”.

Mientras tanto, Gendarmería concretó el miércoles 24 de mayo la apertura de 17 teléfonos celulares secuestrados en la causa y se aguarda la identidad genética de las muestras de sangre halladas en los tres patrulleros incautados.