Juicio político: piden desplazar al fiscal general de Lomas de Zamora por archivar una causa contra funcionarios de Insaurralde
La onda expansiva del escándalo de corrupción que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, llegó a la Justicia provincial. En las últimas horas, se conoció un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la supuesta desaparición de pruebas.
Baccini es acusado de archivar una causa penal contra un contador que trabajaba en la municipalidad durante la gestión de Insaurralde, donde se investigaba la posible comisión de delitos vinculados a la contratación pública. Al ser consultado por LA NACION, Baccini rechazó la acusación y afirmó haber aplicado la resolución 1390 de la Procuración, indicando que la denunciante nunca solicitó una revisión del dictamen.
El “kit” para licitaciones y la investigación inicial
La investigación contra el contador municipal de Lomas de Zamora se inició el 29 de noviembre de 2017, cuando una auditora de la delegación local del Tribunal de Cuentas bonaerense encontró dos cajas y una bolsa con facturas, formularios para licitaciones y remitos en su oficina. Ante el hallazgo de documentación que incluía presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas proveedoras del municipio, la auditora presentó una denuncia por la posible comisión de un delito.
La causa recayó en la fiscalía a cargo de Pablo Rossi, quien tomó declaración a la auditora y documentó el contenido. Se sospechó que el material era un “kit para inventar licitaciones”, lo que llevó a la imputación de Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora. Rosin, según la auditora, había reclamado la documentación, argumentando que pertenecía a su estudio contable particular, lo que resultó llamativo dado que la guardaba en dependencias municipales.
La investigación tuvo un impulso inicial significativo. El fiscal Rossi analizó la documentación y solicitó medidas de prueba, incluyendo allanamientos en la Municipalidad y en domicilios vinculados a Rosin. Se secuestró nueva documentación y se dispusieron peritajes contables e informáticos. En el pedido de allanamiento, se mencionó la posible existencia de un conjunto de funcionarios municipales vinculados a la maniobra. Se determinó que Rosin estaba vinculado con una de las empresas proveedoras del municipio y que su estudio contable particular compartía domicilio con otra empresa proveedora. Además, al revisar los directorios de algunas empresas, los investigadores encontraron a otros funcionarios de alto rango de la gestión Insaurralde.
El archivo de la causa y la nueva acusación
El 9 de noviembre de 2020, el fiscal general Baccini le quitó la investigación a Rossi y la asignó a otro fiscal, quien ordenó el archivo de la causa. La justificación fue que «no surge del informe de los peritos oficiales que las operaciones a las que calificó como ‘llamativas’ hayan tenido carácter defraudatorio, y si lo hubieran tenido, la acción estaría prescripta». La resolución sostuvo que «los peritos solo pudieron verificar la existencia de una relación entre Rosin y proveedores del Municipio, pero solamente ello, pues no se verificó que fueran partícipes de una maniobra defraudatoria o integrantes de una asociación ilícita, sino solo una incompatibilidad administrativa».
El archivo del expediente implicó el cese de la acusación contra el contador Rosin y otros funcionarios municipales subordinados de Insaurralde.
Intervención federal y pedido de juicio político
El escándalo en la Justicia lomense escaló cuando el fiscal federal Sergio Mola, quien investiga a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, solicitó el expediente 07-00-76248-17. Ante la falta de respuestas, Mola puso en conocimiento del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, la conducta reticente del fiscal Baccini.
Conte-Grand dispuso que la conducta de Baccini fuera investigada por el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración. El sumario quedó a cargo del fiscal general de Pergamino, Fernando D’Elío, quien concluyó que «con su conducta, Baccini habría ocasionado la impunidad en una causa de interés institucional, puesto que se denunciaba la posible comisión de una defraudación en perjuicio del erario público». D’Elío consideró que Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
El 9 de septiembre del año pasado, Baccini fue notificado por la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses. A casi diez meses de la presentación, el pedido de juicio político contra Baccini no ha tenido avances relevantes y aún no se sortearon los conjueces que deben revisar la competencia del Jurado. Baccini insiste: «Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente. Yo expuse una opinión. Actualmente, la causa que me atribuyen haber archivado sigue abierta. Además, el denunciante, en este caso, la auditora del Tribunal de Cuentas, nunca se mostró disconforme con la resolución de archivar la causa».
